Domingo 27 de mayo del 2012 | 19°
Cuando acechan la crisis financiera internacional y el fantasma de la corrupción, es una pésima noticia que la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) haya sido convencida por el vicepresidente Luis Giampietri para apoyarlo en su proyecto de ley para limitar las inversiones extranjeras. El diario Gestión informó ayer que, en una reunión reciente de la CPA, Giampietri logró persuadir a sus colegas de bancada de las bondades de una iniciativa legislativa para restringir inversiones de otras naciones, utilizando el argumento de que se debe tener reciprocidad con los países que imponen obstáculos a los proyectos empresariales en el extranjero originados en el Perú. El problema, sin embargo, como ya se ha comentado antes en este espacio, es que el fraseo del proyecto legislativo original revelaba su verdadera intención: otorgarle a la burocracia la capacidad discrecional para decidir qué inversiones convienen en el país y cuáles no. A primera vista, parecería una iniciativa apropiada la posibilidad de que el Estado tenga la facultad de trabar inversiones que 'no sea positivas para el país’. El problema es que para eso están las leyes generales de cada actividad. Crear una ley específica para que un grupo se encargue de decidirlo, en cada situación particular, es de lo más riesgoso, y el momento actual debería haber ayudado a comprenderlo pero, lamentablemente, no ha sido así. Por un lado, una consecuencia de la crisis internacional es que reducirá los flujos de inversión extranjera al país. Poner una ley para restringirlas, en un momento como este, es lo más inoportuno y desatinado. Por el otro lado, la lamentable experiencia del 'petrogate’ indica que mientras mayor capacidad discrecional tenga la burocracia para decidir las inversiones, mayores serán las posibilidades de la corrupción. Vamos, nuestro Estado ni siquiera puede detener a mucho narcotraficante que se camufla de inversionista formal y que pasa 'piola’ durante tanto tiempo. Las economías menos corruptas son aquellas donde la burocracia tiene menos poder para decidir quién gana y quién pierde. Para ponerlo de un modo más claro y directo: Rómulo León estaría muy feliz con una ley como la que sugiere Giampietri, pues le ampliará su horizonte empresarial.