Comparto la preocupación del presidente y del premier frente a las dificultades para ejecutar obras en el Estado. Sea cual fuere el nivel de gobierno, gastar en el sistema público puede ser un interminable infierno. El año pasado, un equipo de Proética estuvo en las provincias del sur chico afectadas por el terremoto para entender porqué no avanzaba la reconstrucción, qué piensan los afectados sobre las autoridades y qué saben los funcionarios y la población sobre la transparencia, la rendición de cuentas y todas esas palabrejas que asustan a unos y aburren a otros. Lo que encontramos fueron unas historias de duendes y ratas dignas de libro. Pero, en síntesis: nadie confía en nadie, las instituciones no coordinan entre sí y la desinformación (y desinterés) de la población es abrumadora. Hasta fines de 2008, un proyecto de reconstrucción tenía que dar 12 pasos, cada uno con sellos, firmas y verificaciones, porque el MEF no confía en la información que le manda la PCM, esta no confía en la que le mandan los ministerios involucrados, estos no confían en la información que manda Forsur, y este, para aprobar un proyecto que viene de gobiernos locales, tiene que enviarlo a los sectores para recibir sus observaciones. Todo un circuito de desconfianzas que aletargan y enredan un proceso. Esto se ve en todos lados. Muchos dicen que eso pasa porque hay mucho Estado. Es un error. Los dos grandes problemas van por otro lado: 1) La tremenda desconfianza se basa en la poca calificación de la burocracia, compuesta por militantes de la agrupación en el poder (local, regional o central), antiguos funcionarios nombrados a quienes la eficiencia les es ajena y unos pocos contratados que hacen las cosas como pueden, y 2) Para controlar el gasto se ponen muchos candados, tan pesados como inútiles. Cada firma es, supuestamente, un candado. Si hay un problema con el expediente, quien firmó o selló tendrá un juicio. En esas condiciones, los inseguros o aburridos funcionarios no firman el expediente, lo aguantan, o buscan otras firmas para protegerse, haciendo infinitas las verificaciones. Siendo así la dramática realidad, me pregunto si es correcta la arenga de García a los presidentes regionales y alcaldes: “Construyan, gasten, edifiquen escuelas, hospitales, etc. No hay que pedirle permiso a Lima ni a la burocracia. Nada de papeluchería, yo mismo me encargaré del ministro, del contralor y del que quiera interrumpir los proyectos”. ¿Es por ahí por donde se corrigen estos graves problemas de gestión pública, fomentando el desorden y la informalidad? ¿Qué fue de Perú Compras, la Central de Compras Públicas, en qué anda el Ceplan, qué va a hacer la Contraloría para mejorar la calidad del control? Es un despropósito que el presidente pretenda exonerar sin más a las autoridades para agilizar los proyectos. Hay que actuar, sí, pero atacando los verdaderos problemas: fortaleciendo la institucionalidad, simplificando los procesos de trámites innecesarios, capacitando a la burocracia, mejorando el sistema de control y dejando de contratar a los militantes por militantes.