Pese al intento por minimizar la denuncia hecha por la Contraloría con respecto al manejo del Fondo Mivivienda, y que publicáramos el día de ayer, las acusaciones contenidas en el informe son alarmantes al tratarse de una entidad que administra 3,000 millones de soles en créditos hipotecarios. Por lo tanto, no estamos hablando de la bodega de la esquina. Sin embargo, algunos creen que como los montos en cuestión son menores, se habría exagerado el tema innecesariamente y todo se solucionaría con una llamada de atención y una exigencia a los implicados para que devuelvan los montos indebidamente utilizados. ¿A partir de qué monto es que una 'palomillada de compañeros’ pasa a ser considerado un acto de corrupción? ¿Se requieren montos de 5 ó 6 dígitos para ello? ¿Por debajo de esas sumas lo irregular no es sancionado? En realidad, es decepcionante percibir que habríamos entrado en una fase de relajo en lo que respecta a las reglas éticas y morales que deben de regir la función pública. Daría la impresión de que al final del régimen aparecen permisibles pecados a medias cometidos por funcionarios que son casi vírgenes y, por ello, no deben de ser sancionados. Pero los hechos concretos no han variado. En primer lugar, a nosotros sí nos parece escandaloso que se haya designado como presidente de directorio de una de las principales entidades financieras del Estado a una persona morosa en sus deudas personales. También nos parece una vergüenza que se contrate a una entidad que presidía hasta antes de ser ministro –y responsable de todo el sector Vivienda– el Sr. Cornejo, lo cual refleja, por lo menos, una falta monumental de criterio, si es que no es una acción que esté penada por la ley. Finalmente, imaginemos que el mismo comportamiento en la manera como disponían de recursos que podrían considerarse como de caja chica, se aplicara también al manejo de la caja grande – es decir, la cartera hipotecaria de Mivivienda–. Entonces, la situación es escalofriante. Por otro lado, consideramos que el equivocado espíritu de cuerpo partidario de la ministra Vílchez le hace más daño al gobierno. Lo único adecuado es separar a todos los involucrados, por lo menos, hasta que aclaren su situación. Funcionarios cuestionados no pueden dirigir sectores ni administrar recursos de esa magnitud.