Desde hoy, los acantilados que conforman el corredor ribereño de la Costa Verde son intangibles. Es decir, no se podrá aprobar ningún proyecto de construcción en esa área. Así lo estableció ayer la Municipalidad de Lima mediante una ordenanza, publicada en el diario El Peruano, donde señala que solo se permitirá ejecutar obras de infraestructura vial financiadas por instituciones públicas. En diálogo con Perú.21, Roxana Rocha, regidora de la comuna limeña, explicó que las municipalidades podrán realizar trabajos de servicio de uso público como losas deportivas, parques o centros de esparcimiento que no interrumpan la vista al mar. Según la funcionaria, se busca la conservación del paisaje natural de la zona. “Ante la serie de problemas en algunos distritos por inversiones privadas, esta iniciativa evitará que se incremente la congestión vehicular por la construcción de más viviendas”, dijo. Sobre el Plan Maestro de la Costa verde, Rocha señaló que esta norma no afectará en nada su ejecución. “El proyecto está vigente hasta diciembre de 2010 y ya se está trabajando en su actualización”, dijo. SALUDAN NORMA. Las municipalidades de Barranco, Miraflores y San Miguel saludaron la ordenanza metropolitana. Mediante un comunicado de prensa, la comuna barranquina indicó que la norma evitará que los trabajos subterráneos de la constructora del Proyecto Infinity se extiendan hasta los acantilados. Por su parte, el alcalde de Miraflores, Manuel Masías, aseguró que se respetará la ordenanza. El burgomaestre aclaró que los proyectos de la construcción de un hotel de Larcomar o del Lugar de la Memoria no serán afectados por la norma. Mientras que Salvador Heresi, alcalde de San Miguel, dijo que era una medida necesaria. “No había ordenanza alguna que diera seguridad de que no se ejecutaría ningún proyecto de viviendas”, expresó. ALGUNOS VACÍOS. El especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, considera que la decisión debió ser aprobada por la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, pues se estaría superponiendo funciones. Asimismo, sostiene que en la norma “no se establece con mayor criterio hasta dónde llega la intangibilidad ni se ha determinado un plazo”. Para Marco Tulio Gutiérrez, director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), la norma “pone punto final a la argucia desplegada por constructores que obtenían licencias para construir hasta seis sótanos, que terminaban mutilando los acantilados”.