Lo que empezó siendo un pedido solitario para una investigación periodística a fines de agosto se ha convertido en un escándalo de proporciones que nadie imaginó. Esta semana, la respuesta del Congreso a un pedido abrumador ciudadano, popular y espontáneo, no varió en su negativa a la transparencia, pero sí empeoró. Lo que podría haber sido una gran oportunidad moral para demostrar que el Congreso tiene un manejo administrativo transparente, legal y justo para con el trabajo de los congresistas, se ha convertido en una guerra de adjetivos en donde los ciudadanos no tenemos nada que perder, salvo la ilusión de haber creído que este Parlamento era, al menos, un poquito mejor que el anterior. Las declaraciones de la congresista Lourdes Alcorta han sido un desastre para la imagen pública del Congreso. Una congresista que debe ser ejemplo de observancia de la ley, esa que el mismo Congreso promulga, declara enfáticamente, y sin que quepa lugar a dudas, que a ella no le da la gana de cumplirla. ¿Podríamos los ciudadanos, por ejemplo, ampararnos en la 'Ley Alcorta’ para no pagar impuestos? Pero ella no es un ave solitaria. El congresista Aurelio Pastor amenaza con mandar a la Sunat si es que los periodistas siguen haciendo preguntas, y varios congresistas señalan que van a comenzar a “adoptar” periodistas, como si nosotros (y ustedes) fuésemos funcionarios públicos que recibimos dinero de los contribuyentes. ¿Esa es la forma de atender un pedido formal, amparado en la ley y consistente con el desafuero que ellos mismos han aprobado para el congresista José Anaya? El Congreso es una institución indispensable para la democracia. No hay campaña alguna contra el Congreso. Que eso les quede claro. Necesitamos tener congresistas probos y competentes. Y nadie duda de que su trabajo merece una retribución justa, pero esta no puede obtenerse violando la ley. El presidente Alan García, de manera controvertida, bajó el tope máximo de remuneración en el Estado a S/.15,600. Eso es lo que recibe un congresista. Pero luego puede recibir S/.7,600 adicionales libres de impuestos contra una rendición de cuentas que debe ser, como ha dicho la defensora del Pueblo, sumamente escrupulosa. No se trata del 90% o del 30%. Una persona honrada lo es al 100% ¿Es tan difícil de entender? Y si no se entiende, ¿por qué sancionaron a Anaya? ¿A quién favorece este espíritu de cuerpo? Solo a aquellos que saben y conocen qué congresistas están en falta y tienen en sus manos la documentación que les permitiría tenerlos agarrados del pescuezo. Peligrosísima situación que puede explicar futuras votaciones y que hace cada vez más apremiante poner luz ahí donde hoy reina la oscuridad.