Luego del conflicto de Bagua se constituyó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, conformado por cuatro mesas de trabajo: la primera, para investigar la verdad de los sucesos del 5 de junio; la segunda, para proponer soluciones sobre los decretos legislativos cuestionados por los pueblos indígenas; la tercera, encargada de definir los mecanismos de consulta para la aplicación de la consulta previa (Convenio 169 de la OIT), y la cuarta, para elaborar una propuesta nacional de desarrollo amazónico. La idea, al constituir las mesas, no es que permanezcan eternamente instaladas como entes para discutir. Los temas en cuestión ameritan celeridad y precisión; por eso tienen plazos para plantear sus propuestas a consultas regionales o presentar informes finales. Pues bien, el Gobierno ha decidido suspender las próximas reuniones de tres de esas cuatro mesas de trabajo. Solo se reunirá la relacionada con el convenio de la OIT, quizá para no desairar a este organismo internacional, que ha enviado a un funcionario precisamente para asistir a esta reunión. Esta postergación es una pésima señal, más aún sabiendo que las reuniones están acordadas en el acta firmada el 22 de junio por cuatro ministros y por representantes de gobiernos regionales y de las organizaciones nacionales indígenas. Si el nuevo gabinete tiene como misión dar marcha atrás e incumplir los acuerdos, estará abriendo espacio –otra vez– para la radicalización de los conflictos. Estará sembrando para que los radicales, a quienes el presidente Alan García dice que hay que derrotar políticamente, se recompongan y demuestren que es absurdo confiar en los compromisos que asume el Estado. En menos palabras, instará a la población a desconfiar aún más de los gobiernos democráticos. Pésimo favor le hará, de paso, al capital privado: está visto que el mejor modo de ofrecerle garantías es que las inversiones cuenten con el consentimiento de la población. Se había anunciado la venida de los apus a Lima, para que las autoridades conversen con ellos. Ojalá que las decisiones gubernamentales no frustren esa posibilidad de encuentro que el ex primer ministro Yehude Simon alentó desde antes del conflicto, justamente tratando de evitarlo. Criminalizar la protesta social y encarcelar indiscriminadamente a dirigentes como el abaleado Santiago Manuin no hará sino volver a polarizar la situación. Al Gobierno le hace falta sentido común y trabajar para resolver, no para complicar... El cambio de gabinete no debe significar borrón y cuenta nueva respecto de los acuerdos ni sacar el hacha de la venganza. Los perdedores serán el país, las poblaciones involucradas y, también, los inversionistas.