La Oficina Nacional de Procesos Electorales —ONPE—, con el revelador respaldo del Partido Nacionalista Peruano, viene promoviendo la implementación del voto electrónico en nuestro país. Sin embargo, se trata de una propuesta que ha tenido malos resultados en prácticamente todos los lugares donde ha sido aplicada. Los peruanos debemos recoger las lecciones al respecto, y no aventurarnos por un camino tan riesgoso como el que él supone. De hecho, el voto electrónico ha resultado la herramienta principal para facilitar la persecución política en la República Bolivariana de Venezuela. Con la coartada de modernizar la democracia, el gobierno de Hugo Chávez lo estableció allí el año 2004, utilizándose a partir de entonces en todos los procesos electorales. Como era previsible, el voto electrónico ha servido, a continuación, para etiquetar a quienes votan en contra del régimen como “opositores”. Dicha etiqueta afecta a todo el que realiza un trámite ante la administración pública —por ejemplo, revalidar su pasaporte—, a quien se le pone mil y un obstáculos para ello. Sin embargo, afecta aún más a los empleados públicos que se arriesgan a votar contra Chávez, quienes luego se ven despedidos con distintos pretextos. El gran temor hoy en Venezuela es aparecer en la “lista Tascón” —en homenaje al congresista chavista Luis Tacón, que la creó—, que consolida la relación de quienes votan en contra de Chávez. Igualmente nefasta ha sido la experiencia con el voto electrónico inclusive en democracias tan maduras como la de Holanda. Allí el voto electrónico empezó a ser utilizado a inicios de la década de los 90. Sin embargo, luego de más de quince años de experiencia con él, Holanda decidió retornar al tradicional voto con papel y lápiz, al tener evidencias de que el voto electrónico terminaba siendo incompatible con el voto secreto, base del voto libre. Es lógico que así sea. Cualquiera que tenga alguna idea de computación e informática sabe cuán fácil es efectuar copias de respaldo de los sufragios electrónicos, para luego identificar entre estos a los opositores. No hay manera de asegurar que no se realicen dichas copias, puesto que ellas pueden efectuarse a través de redes inalámbrica y de forma simultánea al acto electoral mismo. Hay, pues, que decidir: voto electrónico o voto secreto y, por tanto, libre. Así, los peruanos debemos considerar las consecuencias del voto electrónico, y no prestar oídos a quienes, aprovechando las desafortunadas declaraciones recientes del presidente Alan García —en el sentido de que él podría impedir la elección de un candidato adverso a la inversión privada—, impulsen su implementación. Lo óptimo, en realidad, sería derogar la Primera Disposición Complementaria de la Ley 28501, que imprudentemente estableció su implementación progresiva.