La discusión sobre los “gastos operativos” de los congresistas tiene más de un lustro. Cuando empezó tenía cierta lógica plantear que una alternativa fuese el convertirlos en sueldo y que paguen impuestos. Hoy el escenario político es otro. En primer lugar, trastoca las escalas remunerativas en el Estado. García, al llegar al gobierno, hizo reducir los sueldos de todos los servidores públicos y puso un tope de remuneraciones. A juicio de muchos, me incluyo, fue una medida demagógica y que previsiblemente reduciría la ya baja calidad de la gestión pública, alejando a buenos funcionarios y haciendo que muchos lo “compensen” del modo que todos sabemos. Pero así es ahora y ningún poder del Estado u organismo público debiera cambiarlo unilateralmente en su beneficio. En segundo lugar, sí hay un incremento real. Los gastos operativos no son un monto fijo que todos los meses deben recibir pase lo que pase. Se supone que es un dinero que se recibe para gastos específicamente derivados de la función. Y estos, por su naturaleza, varían. Un mes puede ser el 30% del monto tope, otro 40% y otro 100%. Por cierto, no vaya ser que otro de los problemas ocultos es que muchos hayan reportado que siempre gastaban el 100%. En tercer lugar, es encubridora. Hay una enorme presión para que hagan públicos sus gastos operativos y se sepa en qué usaron los fondos. La “solución” encontrada está orientada a que no los molesten más en el futuro. Más allá de si se mantienen en esta decisión, hay que recordarles que la ley de transparencia los obliga a hacer públicos esos informes y que una investigación de Contraloría no puede ser excusa para el ocultamiento. Por cierto, haría bien el contralor en anunciar la fecha en que hará público su informe. En cuarto lugar, es discriminatoria. No todos los congresistas necesitan los mismos gastos operativos. Los que vienen de provincias y deben viajar con frecuencia a ellas tienen mucho más gastos operativos que los de Lima. Además, no es lo mismo tener que viajar a Ica, que ir a Cusco o Iquitos. Los provincianos han salido perdiendo y engordando las billeteras de sus colegas de la capital. En quinto lugar, es insensible. El MEF está cortando los presupuestos de todas las entidades públicas. Muchas instituciones han anunciado que ello ocasionará que a muchos de sus servidores no se les renueve contrato y queden en la calle. Pues el mismo Congreso, que tiene que sancionar pronto esos dolorosos recortes, es el que ha aprobado este aumento, justo cuando la consigna es reducir el gasto fiscal. En sexto lugar, es provocadora. Solo por poner un ejemplo, los médicos del Minsa están hace tres semanas en huelga exigiendo mejoras remunerativas. El argumento del gobierno es que no hay con qué. ¿Qué pensarán los médicos al ver lo de los congresistas? ¿Ayudará a calmar los ánimos o será un estímulo para acicatear sus reclamos y los de otros? En sétimo lugar, es políticamente torpe. Acababan de meter la pata con la reducción de las rendiciones a solo el 30% y ante el furor que causaron se “rectifican” con esta nueva decisión. ¿Cabe la posibilidad de que no se dieran cuenta de la reacción que iban a suscitar? Dos hipótesis: o no entienden o no les importa. Total, dirán muchos, tenemos ya 10% de aprobación y la posibilidad de reelección en el 2011 es, para la gran mayoría, cero.