Luego de varias semanas de creciente presión mediática para promulgar la ley que otorga aumentos salariales a la Policía y a la fuerza armada, el Gobierno finalmente ha decidido observarla. En el interín, hemos tenido una campaña con amenazas de una huelga policial recordándonos febrero del 75 y la tragedia que causó. Asimismo, fijarían la fecha de la supuesta paralización para el 5 de abril a fin de darle un aire a ultimátum de golpe de Estado. Lamentablemente, lo que estamos presenciando en este nuevo caso de reclamo salarial en el Estado es lo mismo que ya vimos con los maestros y con los médicos. Recordemos que a esos dos grupos se les dobló el salario a punta de intimidación de ir a paro y ante el temor de los que entonces estaban a cargo. Sin embargo, no se les obligó a los primeros a que aceptaran ser evaluados o a los médicos a que se comprometieran a un mejor rendimiento. Se les dio un enorme aumento sin exigirles absolutamente nada a cambio. No es, pues, sorpresa que tengamos la peor educación pública en la región o que dramas en los hospitales, causados por negligencia, se reporten a diario. Por ello, sería una irresponsabilidad del Gobierno caer en el mismo error. El otorgar una mejora salarial a la Policía y a las FF.AA. tiene necesariamente que estar condicionado a metas precisas de mejora de la seguridad ciudadana, en el primer caso, y a la adopción de una radical reforma de los institutos armados. Los peruanos no podemos seguir viviendo sitiados por la delincuencia o manteniendo una fuerza armada desproporcionada. Más aún, el costo del proyecto aprobado por el Congreso sería de 20 mil millones de soles en los primeros cinco años, lo cual llevaría a que, en Interior, el 95% del presupuesto sea absorbido para el pago de planilla, y en Defensa sería como el 80%. Por lo que terminaríamos con 180 mil efectivos, entre militares y policías, a los cuales solo les quedaría jugar fulbito al no tener ninguna capacidad operativa para cumplir sus funciones, ya que los recursos de sus instituciones se irían en salarios. No tendrían ni para el combustible para perseguir malhechores o para practicar con tanques y aviones. Sería el desperdicio más absurdo y confirma tanto la irresponsabilidad del Parlamento como la imperiosa necesidad de efectuar una reforma a fondo en la Policía y en los institutos armados.