La investigación judicial del mayor escándalo político de este gobierno –el caso de los 'petroaudios’– da la impresión de estar rumbo al tacho, destino que muchos le pronosticaron desde el inicio del proceso. En todo momento, el juez asignado al caso ha hecho lo imposible por empantanarlo. En primer lugar, nunca se dedico a él en exclusividad, pese a ser un proceso tan sonado. Luego trabajó a paso de tortuga y se quejó, en todo momento, de la falta de recursos. Posteriormente, descartó los informes emitidos por la Contraloría mandando a hacer uno por peritos de su propia elección. En el camino también se las ingenió para invalidar a los propios audios como evidencia en el caso. Luego de ello, no ha sido sorpresa que los peritos seleccionados no hayan encontrado nada de malo en el supuesto negociado, con lo cual el caso parecía haber colapsado. Es claro que el juez ha venido metódicamente cumpliendo la instrucción que le han dado, asegurándose de que no haya ningún condenado. Felizmente, cuando todo parecía perdido, el tribunal anticorrupción le ha enmendado la plana al juez obligándolo a considerar el informe de Contraloría y resucitando con ello el proceso. Ojalá que, en esta ocasión, esta nueva llamada de atención, a diferencia de la anterior, vaya acompañada de una fiscalización más estrecha por parte de las autoridades judiciales al trabajo del magistrado. Porque, con la falta de progreso en este caso emblemático, se está confirmando que en el Poder Judicial nada ha cambiado. Peor aún, como está marchando el proceso hasta la fecha, el resultado será que los políticos involucrados seguirán sin ser sancionados, mientras que los únicos que parecen destinados a estar apresados por un periodo largo son los operadores de los audios. Con lo cual parecería, más bien, que los compañeros que tuvieron que renunciar al poder estarían siendo vengados. Por otro lado, después de los grotescos y groseros diálogos del faenón que todo el país escuchó, si el caso de los 'petroaudios’ es burdamente encarpetado, le va a ser casi imposible a la clase política, así como a la justicia, recuperar la confianza de la población. Es, por tanto, fundamental para que el sistema recobre credibilidad que la resolución que emane de la investigación esté sólidamente sustentada y no esté basada en tinterilladas.