Domingo 27 de mayo del 2012 | 22°
Fue una jornada extensa y tediosa. Al cabo de cinco horas y media, el anuncio, por parte de la titular de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, de un paquete de 20 medidas orientadas a atacar el problema de la accidentalidad en el país fue lo único realmente novedoso y el contrapeso a las deslucidas intervenciones de un gran número de legisladores, cuyo notorio ausentismo del hemiciclo –donde en determinado momento se registró la presencia de apenas 18 parlamentarios– demostró que la interpelación a la ministra fue más una maniobra política que un acto necesario. Como parte del referido plan, Zavala reiteró su anuncio de la puesta en marcha de una cruzada nacional para contrarrestar los accidentes de tránsito, pidió al Legislativo que apruebe las normas requeridas para combatir la informalidad en el sector, y anticipó la creación de una superintendencia de transporte terrestre y de organismos pares en cada provincia, en especial en Lima Metropolitana. *BUENA INTENCIÓN*. El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, en declaraciones a Perú.21, destacó que muchas de las medidas anunciadas por Zavala se orienten a combatir la informalidad, y expresó su disposición a colaborar en la promocionada cruzada. No obstante, advirtió contradicciones entre la creación de una superintendencia de transportes, de alcance nacional, y de instancias paralelas en el ámbito municipal. “Debe haber un solo ente fiscalizador de transportes y no entregarles la función a los municipios porque, al final, cada uno defenderá su fuero”, observó. Entre tanto, con cifras y estadísticas en mano, Zavala respondió cada una de las 47 preguntas del pliego interpelatorio, muchas de ellas repetitivas, haciendo hincapié en el alto grado de informalidad que existe en su sector donde, denunció, “hay dinero ilícito del narcotráfico” que solventa a las empresas informales “generando competencia ilegal y desleal y haciendo que las compañías formales no puedan cubrir sus costos”. Agregó que Transportes “es un sector enfermo y contaminado por la informalidad”, por lo que señaló que, mientras no se resuelva ese problema, “difícilmente se tendrá éxito en la seguridad en el transporte”. Asimismo, insistió en que la responsabilidad de la seguridad en las vías no solo es de su portafolio sino también de los gobiernos locales y regionales, del Congreso, del Poder Judicial, de la Sunat y de los ministerios de Trabajo y de Educación, entre otros. “Descentralización implica asumir responsabilidades”, fustigó más adelante, en tono crítico, aludiendo a la falta de compromiso de algunos gobiernos regionales en las tareas de fiscalización en sus respectivas jurisdicciones. En cuanto al 'Plan Tolerancia Cero’, la ministra dijo que su aplicación ha permitido disminuir el número de accidentes en las carreteras, afirmación que fue puesta en tela de juicio por Yonhy Lescano (Alianza Parlamentaria) y por el nacionalista José Urquizo, quienes dejaron abierta la posibilidad de presentar una moción de censura en su contra. De acuerdo con lo visto ayer en la sesión plenaria, sin embargo, la propuesta no tendría eco en el Grupo Fujimorista ni en Unidad Nacional. En el Apra, en tanto, fue evidente el distanciamiento de los llamados 'pesos pesados’ con respecto a Zavala, cuya defensa ante el Pleno –quizá por ser una ministra de perfil técnico y sin carné partidario– les fue delegada a los provincianos, quienes asumieron la tarea con entusiasmo pero, también, con ciertas limitaciones.