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Es católica y practicante de esta religión, pero no está de acuerdo con la posición de la Iglesia. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, rechazó el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana que lamenta la promulgación de la ley de divorcio rápido “por debilitar la unión matrimonial”.

“Con esta norma no se promociona el divorcio. Es solo el reconocimiento de una realidad. Cuando una pareja pasa por el dramático momento de terminar su relación matrimonial, debería ahorrarse un dramático proceso en el Poder Judicial que no es agradable”, dijo Fernández en el programa televisivo Prensa Libre.

Según la ministra, en el año 2007 había 77,919 expedientes en materia de familia en el Poder Judicial, 45% de los cuales estaba referido a procedimientos de separación de cuerpos.

“Esta ley apunta, sobre todo, a descongestionar el trabajo del Poder Judicial. Además, no quita la posibilidad de que la pareja pueda conversar, discutir y quizás reconciliarse”, sostuvo la titular de Justicia.

Precisamente, la ministra informó que dio esta explicación cuando se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, para tratar el tema antes de la promulgación de la norma.

TRÁMITE ÁGIL Y RÁPIDO. Por su parte, la congresista Cecilia Chacón, una de las autoras de la ley, también negó que se quiera promover el divorcio y agregó que solo se busca agilizar el trámite cuando dos personas toman la decisión de disolver su vínculo matrimonial.

“La norma no aumenta las causales de divorcio ni hace ningún cambio estructural para divorciarse. Ninguna pareja va a tomar una decisión tan difícil solo porque el trámite pueda hacerse más rápido”, concluyó.
En ese sentido, la parlamentaria explicó que el divorcio por esta vía es todo un proceso que cumple con lo que estipula la ley desde hace muchos años y que ha sido simplificado para beneficio de los cónyuges.

EN MARCHA. Desde el último lunes las notarías ya pueden aplicar el divorcio rápido. Sin embargo, según voceros del Colegio de Notarios de Lima, hasta el momento solo han recibido llamadas de consulta sobre el tema.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia continúa analizando los pedidos de autorización presentados por 21 municipalidades de la capital que pretenden realizar este trámite. Si cumplen con todos los requisitos, podrían conseguir el permiso en un plazo de 15 días.