Los temas que han concentrado la atención esta semana pudieron haber sido debatidos en el Siglo de las Luces, durante los levantamientos contra Luis XVI en París. El otorgamiento de gracias reales o, en nuestro caso, un tanto más democrático –presidenciales–, es el mayor reflejo de la discrecionalidad de un gobernante. No tiene por qué justificarlo, simplemente dice que un caso es dramático y, con el mantel del tratamiento humanitario, 'voila’, el inculpado ya está perdonado. El indulto es una de las herencias de la monarquía absoluta que las repúblicas mantienen alegremente, supongo que para que sus gobernantes sientan que con su generosidad adquieren aires reales. Igualmente, los aranceles son una herencia del mercantilismo más puro de antaño. Incluso, en un pasado no muy lejano, durante el período de García 'El Malo’, estos fueron fijados de modo totalmente arbitrario en función de la necesidad del beneficiario. Conceptos como el perjuicio al consumidor no eran ni siquiera considerados, los aranceles servían únicamente para beneficiar a un pequeño grupo de privilegiados. El Rey otorgaba el nivel arancelario que le pedían sus cortesanos, y que los ciudadanos paguen por el pan como si se tratara de pasteles. Así que los peruanos aún estamos lejos de haber arribado al punto de toda sociedad moderna, en la cual el accionar del Estado está claramente delimitado. Todavía la discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo estatal puede cambiar dramáticamente la vida de una persona o la situación del mercado. La actividad más rentable en nuestra sociedad continúa siendo el acceso y cercanía al gobernante. En el caso de la saga de Crousillat, esta va siguiendo una crónica anunciada. Nadie sabe a ciencia cierta por qué fue originalmente indultado, el único criterio que cumplía para ser perdonado era tener más de 65 años. Pero la jubilación del presidiario es un esquema que aún no se ha implementado, caso contrario, todos los que están en la tercera edad saldrían libres, y esos son miles de inculpados. Asimismo, el que fuera perdonado y es hoy nuevamente procesado al habérsele retirado la gracia con la misma falta de explicación con la que le fuera otorgada, ya no es habido. Parece que, otra vez, se ha convertido en fugitivo. Ahora falta saber quién pagará por los platos rotos de tan maquiavélica operación, que nadie entiende entre los cortesanos cómo pudo haber fracasado. “Que mal fue manejado” será la autoexcusa que se dará el cerebro del mal, quien, además, nunca aceptará responsabilidad, mientras ve la manera de mandar a las galeras parlamentarias al ministro que la ha embarrado. Igual acción debería tomar en el caso del Tribunal Constitucional, que ha ejecutado un golpe de estado propiciado por un cercano consejero quien, incluso, muere por ser su heredero. Quizás en este caso, aparte de desterrar al que está complotando, también podría ayudar a que el país dé un salto a la modernidad otorgándole una economía abierta en donde el gobernante no tenga discrecionalidad para favorecer a sus cortesanos, eliminando en un solo acto todos los aranceles que no son otra cosa que un pesado lastre de privilegios del pasado.