En nuestro país hay un grupo de colegios profesionales que consiguieron que fuera obligatorio estar colegiado para ejercer sus respectivas profesiones. Dos de estos son los colegios de abogados y de médicos, que han hecho noticia por estos días y nos han recordado lo equivocada que fue la decisión de restringir el libre ejercicio de la profesión. En el caso de los médicos, pese al daño que causan paralizando su labor, nuevamente llamaron a una huelga, la cual, felizmente, ha fracasado. En esta ocasión, el motivo fue exigir el nombramiento de todos los médicos actualmente contratados en el Estado. El deseo de lograr la estabilidad laboral de la que disfruta y abusa el funcionario estatal llevó a los galenos a poner en riesgo la vida del ciudadano. Esta medida de fuerza fue tomada pese a que la experiencia demuestra que la labor del médico se deteriora cuando cae en la complacencia que produce el nombramiento. Ese fue el caso de los establecimientos a cargo de la comunidad, los CLAS, que han sido la única historia de éxito en la salud pública de los últimos 40 años. Sin embargo, cuando el ministerio nombró a los que estaban como contratados, la productividad de los médicos cayó fuertemente en perjuicio de los usuarios. Más aún, como parte de la política gremial, lograron que la ampliación del esquema de CLAS fuera congelado cuando asumió la cartera, en el gobierno anterior, una activa participante del sindicato, situación que se ha mantenido con el actual, quien también está sindicalizado. Por otro lado, los abogados, que están en plena campaña electoral para elegir a su decano, tienen que decidir entre candidatos que ofrecen, todos sin excepción, aumentar las restricciones a la competencia y al libre ejercicio de la profesión. Peor aun, ahora se están quejando del exceso de estudiantes de Derecho –evidentemente, los aterra la competencia futura en el mercado– planteando absurdos cupos al número de profesionales en defensa del honorario. Pese a que, muchas veces, el abogado litigante está involucrado en la corrupción que abunda en los pasillos judiciales, los sancionados por el CAL se cuentan con los dedos de una mano, mientras que los médicos están dispuestos a matarnos con tal de lograr un nombramiento burocrático. Entonces, uno se pregunta: ¿qué beneficio les trae al ciudadano y al país la colegiatura obligatoria? La respuesta es ninguno.