Desde hace varios años cada cierto tiempo hay rumores de huelga policial que luego terminan siendo una falsa alarma. Lamentablemente en esta ocasión hay el riesgo de que la cosa pase a mayores. Hay indicios de que algo se mueve en medio de un exacerbado descontento al interior de las fuerzas policiales y también entre los militares. Se trataría de algo sumamente grave y que podría tener trágicas consecuencias. En el Perú ya ha habido huelgas policiales, notoriamente la del 5 de febrero de 1975 y los resultados pueden ser pavorosos. La ciudad de Lima amaneció ese día desguarnecida y turbas descontroladas saquearon e incendiaron muchísimos edificios públicos y privados, lo que pudo ser controlado recién hacia la tarde con la salida de las Fuerzas Armadas (las que ahora supuestamente serían partícipes y beneficiarias de los objetivos de la huelga). Ese día hubo cientos de muertos, pero nunca se supo la cifra exacta. Hoy, en un país tan o más explosivo que entonces, nadie puede descartar que una situación de ese tipo pudiera repetirse y no solo en Lima. Eso es lo que hace que la iniciativa del Congreso del famoso bono y su insistencia en este, pese al veto del Ejecutivo explicando que es inviable presupuestalmente hablando, sea de una irresponsabilidad mayúscula. No seamos ingenuos, esta “autorización de gasto” no es por amor al chancho sino a los chicharrones. El Congreso es una institución repudiada por la población, sus miembros lo saben y por ello buscan cómo acomodarse para repetir curul en el 2011. Saben que la “familia militar policial” constituye un bolsón grande de votantes y están dispuestos a cualquier cosa por conquistarlos. Aunque no lo van a reconocer su insistencia en el bono es hoy el principal combustible para una eventual huelga policial (“si hasta el Congreso está de acuerdo con nuestro aumento, por qué el Gobierno se opone”). Son muchos los congresistas que han votado por esta iniciativa pero los principales responsables son Alcorta, Meckler, Núñez y Cabanillas. También, por supuesto, Giampietri, quien lo es aún más por ser a la vez vicepresidente de la República. Es verdad que hay un problema serio con las remuneraciones para policías y militares (y para el caso también hay una deuda del Estado enorme con muchos otros sectores) que debe ser resuelto, pero ello debiera hacerse seria y paulatinamente en el marco de reformas profundas de las instituciones de la seguridad. Lamentablemente estamos en un gobierno que dejará como legado su desinterés en abordar estos ámbitos claves, como se expresa en la desastrosa conducción de Interior y últimamente de Defensa. Pero ni siquiera el tamaño de su incompetencia en el manejo de la seguridad podría justificar una huelga tan peligrosa para el país.