En una de las pocas entrevistas que aún se le conceden a Martha Chávez , ex congresista fujimorista, esta manifestó que los defensores de los derechos humanos se habían convertido en una mafia que ha hecho del tema su medio de vida y, a pesar de no decirlo claramente, manifestó su contrariedad con lo ocurrido con el Decreto Legislativo 1097, aprobado por el presidente Alan García y su gabinete ministerial después de varias sesiones de aparente detallado estudio y reflexión. Por otro lado, la comunidad rosa en el Perú, hoy la aliada preferida del marxismo- leninismo y del chavismo que pretende utilizarlos como 'caballo de troya’, está de plácemes con una inesperadamente fuerte y contundente carta de Mario Vargas Llosa que aceleró la muerte súbita del susodicho decreto legislativo por considerarlo una “amnistía disfrazada”. El escritor, por quien yo voté inútilmente para que le gane a Fujimori en las elecciones de 1990, había hecho suya una extraña causa, seguramente sin siquiera haber leído el texto de la norma, y en perfecta y probablemente involuntaria sincronización con una chillona algarabía rosa-caviar que en Lima alcanzaba ribetes nunca antes vistos, que llegaban hasta una extrañísima alianza entre ellos y los resentidos chuponeadores montesinistas probablemente descontentos con la eliminación de Kouri y que ahora estaban contribuyendo con una caída en las encuestas de Lourdes Flores. Chillona algarabía al margen, el Decreto Legislativo 1097 no hacía más que aplicar (con una muy mala redacción posteriormente empeorada por una fe de erratas) un principio de justicia largamente anhelado por las víctimas del indebido proceso que llevan años de años sin que se les haya probado nada en esa cloaca en la que hoy –con honrosísimas excepciones– se ha convertido el Poder Judicial. Hay gente ahí, muchos de ellos miembros de las Fuerzas Armadas, que queremos que ahora nos defiendan de la nueva ola de violencia narco-terrorista, que han visto mellados sus derechos de presunción de inocencia y siguen en calidad de procesados, sin que nadie tenga claro los cargos que se les imputa y solo porque políticamente no corresponde dejarlos libres. Este problema, que dicho sea de paso también afecta a innumerables civiles, es grave y deja muy mal parado a un Congreso que primero autoriza y luego, presionados por un candidato a premio Nobel de Literatura, cobardemente anula una medida que felizmente se nos viene sí o sí a través del nuevo Código Procesal Penal que espero pronto llegue a los distritos judiciales del resto del país.