La semana que viene se cumplen cinco años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Es un plazo suficiente para evaluar su impacto en la sociedad, aunque lo más probable es que este será muy diferente al análisis que se haga dentro de un lustro más. El balance actual es matizado, con aspectos positivos y negativos, pero ello implica una consideración de la expectativa que cada uno tenía, hace cinco años, sobre lo que el informe podía producir, y en qué plazos. Una manera de establecer las categorías de evaluación de lo ocurrido después del informe de la CVR es distinguiendo sus consecuencias judiciales, en el sistema de reparaciones, y en el terreno mayor de las ideas y de las actitudes políticas en el país. A pesar de que los juicios no contaron con mucho respaldo político, se han logrado avances notables gracias al trabajo de un puñado de procuradores y fiscales, y de organizaciones de derechos humanos. Pero no de los gobiernos, ni de Perú Posible ni del Apra. El hecho de que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos estén, junto con la cúpula militar de los noventa, delante de un juez es un logro singular, por lo inédito que resulta que un ex jefe de Estado sea juzgado, en su país, por violación de los derechos humanos. El informe de la CVR fue muy importante para impulsar estos juicios. Asimismo, se ha establecido el Consejo de Reparaciones. Sus integrantes fueron designados en octubre de 2006 con el fin de elaborar el registro de víctimas, el cual empezó en febrero pasado. Es en el terreno de las ideas y de las actitudes políticas donde los avances son más escasos. Un objetivo de la CVR era llamar la atención sobre los profundos desequilibrios sociales, así como sobre las reformas indispensables para avanzar en su corrección. Por ejemplo, en los sistemas de educación, salud, justicia o seguridad, lo cual no ha ocurrido. El camino por recorrer es significativo. Finalmente, el mejor balance que cada persona puede hacer, desde su propia perspectiva, de lo ocurrido en el lustro post-CVR pasa por hacerse la pregunta siguiente: ¿si surgiera otro grupo terrorista en el país, cómo reaccionarían las principales fuerzas y actores nacionales ante esta amenaza? ¿Igual que antes, o de una manera diferente?