Pocos días atrás, por una noticia de la BBC, nos enteramos de que el presidente Lula ha privatizado 647 mil kilómetros cuadrados de tierras en Brasil, equivalente a toda Francia, sin que hubiera una movilización social. Ni los de arriba ni los de abajo protestaron. En Sicuani, en cambio, el presidente de la región quiere hacer una hidroeléctrica y la población se amotina para evitarlo. En Andahuaylas, los campesinos de las comunidades de Apurímac se plantaron para evitar la privatización del aeropuerto y, en Bagua, los pobladores nativos se levantaron en contra de los decretos que buscan regular la propiedad de la tierra y la extracción de recursos naturales. ¿Cómo explicar esta diferencia en el comportamiento de ambos pueblos? En Brasil, los ciudadanos no se sienten amenazados por el gobierno del presidente Lula porque tienen confianza en la autoridad y el presidente goza de legitimidad. En el Perú, en cambio, desconfiamos de todas las autoridades, sean las regionales o las nacionales. Dudamos de los políticos porque nos dan gato por liebre y, además, Alan García ha hecho lo posible por aumentar la dosis de desconfianza con su tesis del perro del hortelano y la conspiración internacional. Pero los campesinos y los nativos le creen a Yehude Simon. ¿Por qué? A Yehude le creen porque fue de veras a dialogar. Los llamó hermanos, los reconoció como iguales, los respetó y aceptó que tienen razones para estar molestos. Para muchos se perdió lo ganado y quizás estalle el conflicto más adelante porque concedió a sabiendas que no podrá cumplir. Yo, mas bien, creo que Simon se ha dado cuenta de dos cosas: que los pobladores de sierra y selva rural tienen reclamos justos que deben ser atendidos y que, dada la tremenda desconfianza de la población, cualquier medida sin consultar previamente va a ser bloqueada. La noción de representación política ha quedado anulada por falta de credibilidad en la autoridad y, de aquí en adelante, para que la población rural apruebe un cambio al orden establecido, será precisa una consulta y la aprobación de sus propios dirigentes. Es una vuelta a la participación en su versión más elemental. Ni hidroeléctricas, ni minas, ni pozos de petróleo, ni aeropuertos, ni siquiera agua a domicilio, serán aceptados mientras los campesinos lo vean como una imposición desde arriba. Porque de seguro viene con trampa. No están dispuestos a aceptar las disposiciones de un Estado que, para ellos, sigue siendo miserable y excluyente. La recuperación de la confianza es un verdadero desafío. NOTA. Los sucesos de Honduras nos plantean un dilema. ¿Qué se defiende: el autoritarismo y el abuso del presidente Zelaya, probadamente apoyado por Chávez para perennizarse en el poder, o la reprochable intervención de las Fuerzas Armadas para restituir la democracia?