Parece que la buena fortuna le ha dado la espalda al ex ministro de Vivienda Francis Allison Oyague. No solo la justicia de Estados Unidos lo juzgará junto a su esposa, Carla Robbiano Montes, por los delitos de contrabando de dinero en efectivo, falso testimonio y omisión de declaración, al haber intentado sacar de ese país US$30 mil sin declarar, sino que también deberá afrontar la investigación que el Ministerio Público le ha iniciado por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios. Fuentes consultadas por Perú.21 informaron que fue la propia fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien ordenó el inicio de la investigación preliminar al ex integrante del gabinete ministerial. Esto, luego de que la comisión del Congreso que examina el caso del ‘chuponeo’ telefónico le remitiera los recibos bancarios que dan cuenta de sospechosos pagos mensuales de Business Track (BTR) a Allison. De acuerdo con la hipótesis de trabajo, esta empresa –responsable de la interceptación telefónica a Rómulo León y a Alberto Quimper– se habría prestado como fachada para cubrir ingresos de origen desconocido del también ex alcalde de Magdalena del Mar. Si bien hasta el pasado 14 de octubre el oficio de la fiscal Echaíz se encontraba en manos de la coordinadora de las Fiscalías Anticorrupción de Funcionarios, Delia Milagros Espinoza, esta resolvió enviar la documentación a la mesa de partes de las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado por considerar que, al haber perdido Allison su condición de ministro, no cabía investigarlo en los despachos a su cargo. La investigación, finalmente, ha recaído en la 58° Fiscalía Provincial Penal puesto que las Fiscalías de Crimen Organizado declinaron desarrollar el caso por considerar que este implica solo a una persona y no a una banda de criminales. Según se ha informado, por el momento las diligencias se han centrado en solicitar los registros de bienes y servicios del ex titular de Vivienda y en evaluar la documentación entregada por la comisión investigadora del Parlamento. JUICIO POLÍTICO. Mientras que, en el Ministerio Público, las investigaciones determinarán si Francis Allison es o no responsable de los delitos de lavado de dinero y corrupción de funcionarios, a nivel político el ex ministro de Vivienda –de forma sumarísima– ya fue enjuiciado y condenado. ALAN LO LAPIDA. Ayer, sin medias tintas, el presidente Alan García pidió a la justicia de Estados Unidos que aplique a Allison “toda la severidad y la sanción” que su ley contempla para condenar una “tropelía imperdonable”. “Me pareció que sería un buen ministro, pero a los tres meses nos sorprendió que no nos hubiera dicho algo que era fundamental: su relación con la firma de los ‘chuponeadores’. Ahora continúa por ese camino pero, felizmente, ya fue separado del Consejo de Ministros”, señaló el mandatario quien, sin embargo, hace dos meses lo calificó como un “excelente alcalde y un mejor ministro” al despedirlo en Palacio. En sintonía con los integrantes del gabinete, García añadió que “los ministros se sienten indignados y hasta avergonzados de haber compartido la silla con una persona así”. De inmediato, y desde Miami, Allison respondió al mandatario y, tras lamentar la condena de su ex jefe, criticó que “los ministros hablen sin saber del tema. Es muy triste y bochornoso que una autoridad opine basada en una publicación periodística”. El ex alcalde de Magdalena reconoció que no puede abandonar Estados Unidos y que, al igual que su esposa, porta un grillete en la pierna, pero aclaró que no está con arresto domiciliario. Argumentó que desconocía que debía declarar el total del dinero que portaba –US$50 mil–, y refirió que “en el aeropuerto de Miami no hay ningún cartel que indique que se debe informar sobre el monto de dinero que se saca del país”. Allison explicó, además, que los fondos que retiró de su cuenta bancaria del Bank of America son producto de sus ahorros y que los traía a Lima para cubrir sus gastos “ahora que no tengo trabajo”.