Esta semana no solo nos quedó claro que la señora Rosa Núñez de Acuña tiene mucho dinero y que está dispuesta a usarlo para abrirse un camino –o comprarse un sitiecito— en el dudoso Olimpo de la política nacional, sino también, quedó en total evidencia, la poca transparencia con la que se financian las campañas electorales en el Perú. A la reiterada pregunta de cuánto cuesta una campaña presidencial o cuánto invierte el que quiere llegar al Congreso, las respuestas que hemos recibido de casi todos los voceros de los candidatos han sido inverosímiles. Con enérgica voz y cara de indignación, han alegado que no les cobran a los candidatos al Congreso (mentira), que no reciben aportes de la empresa privada (más mentira), que van a declarar ante la ONPE hasta el último sol que les aporten (mentirísima), que la plata no importa a la hora de hacer una plancha o definir una lista congresal (falso de toda falsedad). Nada importa más en una campaña electoral que la plata. Hay que hacer viajes por todo el país, coordinar mítines. Hacer miles de llamadas telefónicas. Colocar publicidad en radio, televisión, periódicos, cerros, paneles, buses, micros, polos vinchas, Internet, avionetas que surcan las playas, etc. Si bien, las inversiones millonarias no aseguran el triunfo (preguntémosle sino al candidato Mario Vargas Llosa), sin plata es poco probable que una candidatura despegue y se haga popular, sobre todo si la contienda es a nivel nacional. Y eso, en sí mismo no tiene nada de malo. El problema surge cuando el dinero que se recauda no está al servicio de un plan de gobierno que el aportante considera serio y viable, sino cuando la plata se coloca con fines secundarios. Es decir, cuando los benefactores hacen una “donación” con la seguridad de que luego se podrán cobrar esos miles de soles vía leyes hechas a medida en el Congreso, o para mantener privilegios de determinados sectores intocables. También están los que compran apoyos y lealtades, Vladimiro Montesinos lo tenía clarísimo, y no dudó en prestarles platita para sus campañas a políticos que se supone representaban la más dura oposición al régimen de Fujimori. Así, lo vimos regalarle 30 mil dólares a Agustín Mantilla para la campaña del Apra; y 25 mil al alcalde de Miraflores Luis Bedoya de Vivanco. Por supuesto que con partidos políticos débiles y con una ONPE incapaz de fiscalizar con eficiencia los aportes económicos, el panorama no promete mejorar. No importa cuántas evidencias salgan a la luz, y tampoco es relevante que el tema corrupción sea una bandera para captar votos. Les aseguro que en los próximos meses seguiremos siendo testigos de millonarios despliegues mediáticos y grandes eventos partidarios, pero cada vez que preguntemos de dónde salen los chibilines tratarán de hacernos creer que “la plata llega sola”.