La toma de las comisarías como medida de protesta contra las autoridades se sigue repitiendo en el país. Esta vez fue en la alejada localidad de Yaután, ubicada a 40 kilómetros de Casma, donde un grupo de 200 pobladores, que reclamaba a la Policía que investigara el robo de 45 mil soles del fondo de la comunidad, intentó tomar las instalaciones de esa delegación. Todo empezó al mediodía del lunes, cuando un grupo de comuneros llegó a la comisaría para protestar contra la Policía por no recibir la denuncia sobre el asalto que había sufrido el tesorero de la comunidad el último sábado. Cuando los moradores reclamaban a los agentes del orden por su inacción, uno de los manifestantes reconoció al suboficial Edinson Santiago Rivero Zapata como uno de los presuntos responsables del atraco y, por ello, acusó a la Policía de tratar de dilatar las investigaciones para encubrir el hurto. Inmediatamente, la turba intentó tomar la comisaría, pero luego optó por llevarse al efectivo hacia la localidad de Calpop. Ante estos hechos, el comisario de Casma dispuso el envío de 13 agentes policiales a la zona para tratar de apaciguar los ánimos de los revoltosos. Sin embargo, cuando se iniciaba el proceso de diálogo, el rehén escapó y eso alteró a los comuneros, quienes atacaron a la Policía. En medio de la trifulca murió la comunera Flor Huerta Méndez (26). En tanto, ocho policías y dos pobladores sufrieron heridas de piedras y perdigones. Además, los lugareños tomaron como rehenes a los efectivos Antonio Suárez Maguiña, Luis Guerra Santello, Max Agüedo Norabuena, William Murillo Huamán, Irving Polo Macedo y Dani Moreno Saavedra. DIÁLOGO. Para tratar de apaciguar las protestas, otra comisión –integrada por el jefe de la división policial, coronel Guillermo Vía Domínguez, por el fiscal José Obregón Chinchay y por la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Rina Rodríguez– llegó a la zona resguardada por 40 agentes. El grupo logró convencer a los manifestantes de que liberaran a los rehenes y firmaran un acta a través de la cual los pobladores se comprometieron a agotar todas las instancias del diálogo y dejar de lado cualquier acción violenta a cambio de que la Policía garantice la investigación del dinero robado y determine la responsabilidad por la muerte de la comunera.