El ministro Ántero Flores-Aráoz, alguien usualmente respetuoso de la juridicidad, perdió la oportunidad de callarse en lugar de protagonizar un papelón con su respuesta a la fotografía controversial donde la vedette Leysi Suárez aparece desnuda, montada en un caballo, posando sus amplias nalgas sobre una bandera. El objetivo de Leysi y de los editores de la revista D’Farándula era llamar la atención de los lectores. No hay duda de que lo han conseguido, aunque no por la audacia de las imágenes sino por la intervención del ministro de Defensa. La fotografía es de mal gusto. La bien despachada Leysi pudo haberse mostrado, incluso con la bandera, con mucho más gracia. Pero si es de mal gusto no es más que mi modesta opinión. Otro puede pensar que es un magnífico ejemplo de sensualidad que hace parecer a Hugh Hefner –el fundador de Playboy– un chancay de a real. Es, pues, cuestión de gustos. Y, en esos asuntos, como en los colores, el Estado no puede meterse a imponer qué es buen gusto y qué no. Salvo que se cometa una ilegalidad. Eso piensa Flores-Aráoz, quien ayer firmó una resolución que autorizó al procurador del sector Defensa a formular denuncia penal contra Leysi. Pero los abogados consultados por este diario coinciden en que esta bailarina no ha cometido un delito. Incluso, la ministra de Justicia se cuida de decir, en el comunicado que emitió ayer, que la fotografía “linda con lo ilícito” y que recién ha encargado el estudio sobre el caso. La intervención de Flores-Aráoz es absurda y constituye un precedente peligroso para las libertades en el país, pues pretende imponer cómo se puede usar la bandera. Ni siquiera Fujimori hizo un juicio cuando le lavaron la bandera. Lo ocurrido se parece a la prepotencia, también bajo este gobierno, de censurar las ilustraciones de Piero Quijano. Los militares no tienen el monopolio del cuidado de los símbolos patrios. En lugar de perder el tiempo en estas tonterías, y de promover la fama de Leysi, el ministro Flores-Aráoz debería ordenarle al comandante general del Ejército que colabore con la justicia en los casos de derechos humanos, y retomar la agenda de reforma del sector Defensa, la cual está bastante olvidada.