Durante los largos años de la 'dictadura perfecta’ del PRI en México, cuando la corrupción gubernamental fue realmente masiva y generalizada, se decía que un funcionario público que no transaba no avanzaba. Reflejando lo que era una cultura gansteril en la administración pública de ese país. Aquí, en el Perú, el Estado está cambiando al pasar de la eterna escasez a la abundancia de recursos fiscales. Pero, también, pasa de ser un Estado férreamente centralizado a uno que sufre de una desordenada regionalización que fue hecha de la noche a la mañana de manera improvisada. Si al finalizar los 90 el gasto total del Gobierno era del orden de 30 mil millones de soles, hoy incluyendo el canon que es distribuido a regiones y municipalidades tenemos una cifra que se ha triplicado y bordea los 90 mil millones. Es un verdadero mar de dinero y en muchas partes del país se han vuelto ricos sin que haya mejorado, en absoluto, la institución a cargo. Más aun, todo el manejo de los fondos públicos se está volviendo una fuente permanente de escándalo, muchos funcionarios no están debidamente capacitados ni están sujetos a un control adecuado. Peor aun, con la desesperación por gastar se inventan atajos para sacarle la vuelta a la ley sin reflexionar en el monstruo que se va creando. Ese es el caso de los organismos internacionales de fachada que alquilan su inmunidad diplomática para que la ejecución de un proyecto no sea fiscalizada. La Municipalidad de Lima, usando a la OIM, es el caso más conocido, pero ahora, también, tenemos al gobierno regional de Áncash utilizando a la OEI para evadir el control a 840 millones de soles de futuro gasto. Incluso, considerando los montos involucrados no es sorprendente que en esa región se estén literalmente matando por el cargo. El poder controlar la administración pública va camino a convertirse, al igual que el narcotráfico o la extorsión en las obras de construcción civil, en una actividad delictiva muy lucrativa. Más aun, las señales de corrupción están por todos lados. Sin embargo, una propuesta del contralor para cerrar esa brecha legal que permite usar organismos de fachada sigue encarpetada. Seguramente hay bancadas que no quieren que sea aprobada. Al final, vamos camino a convertirnos en un Estado con corrupción institucionalizada en el cual hasta a los buenos funcionarios les tocará la ley de Herodes: si no te chingas, te jodes.