Dejando de lado el debate sobre las implicancias electorales que podría tener el fallo e, incluso, sobre los detalles mismos de la condena, creo que es fundamental enfocar el caso Fujimori en un contexto histórico amplio al ser la primera ocasión en que, sin mediar un golpe de Estado, se ha sentado en el banquillo a un ex mandatario. Con esta sentencia se debería realmente fortalecer el poder del ciudadano y el derecho a la libertad del individuo contra la acción opresiva del Estado. Por ello, uno esperaría que a partir del fallo se desarrollen mecanismos que aseguren total transparencia en el accionar público, no solo en lo que respecta a oscuros entes represivos, sino al nivel de todas las entidades en el aparato estatal. Esta sentencia sin precedentes debería ayudar a consolidar una corriente que permita transparentar todas las cuentas públicas y las actividades estatales. En realidad, la población tiene todo el derecho del mundo a conocer, por ejemplo, cómo gastan el dinero recaudado de sus impuestos los ministros, el alcalde local o el presidente regional. El ciudadano tiene todo el derecho de exigirle resultados al gerente de la empresa pública, al regulador de un servicio público y al jefe de un programa social. Ya no existirá impunidad para el gobernante que comete abusos y atropellos, pero tampoco la habrá para el funcionario ineficiente que causa desperdicios, o el burócrata que traba para generarse algún beneficio, o el deshonesto que cae en actos de corrupción. A partir de ahora se abre realmente la puerta para lograr que todo el aparato estatal rinda cuentas por su accionar y, de esa manera, poder ser sancionado o recompensado de acuerdo con el resultado. Sería una verdadera revolución poder contar en un futuro no muy lejano con un Estado transparente al servicio del ciudadano. Ese sería el mejor legado del fallo. Sin embargo, esta esperanza parece optimista juzgando por el número de extasiados por la condena que no creen en la libertad y son quienes quieren sacarle más provecho político al fallo. Estos “defensores” de los ciudadanos solo reclaman contra la represión del Estado cuando son oposición, pero que sin ninguna duda la aplicarían si algún día estuvieran a cargo del Estado. Para comprobarlo, vean cómo callan con complicidad peores violaciones de los derechos humanos en dictaduras dirigidas por quienes son ideológicamente sus hermanos. Por ello, mucho me temo que el fallo va a ser más bien usado para atacar al “fujimorismo económico” tratando de revertir el derecho a la iniciativa individual y a la libertad de elección en el mercado, de los que hoy disfruta –aunque sea en parte– el peruano. Sería no solo paradójico sino un verdadero desastre histórico que un fallo que debería fortalecer al individuo frente al Estado termine favoreciendo a quienes, sin dudar, nos oprimirían introduciendo control estatal y restringiendo nuestra libertad.