Parece una regla: todos reciben más de dos disparos. Además, son asesinados por las mañanas, cuando se dirigen a su trabajo. Estamos hablando de los sistemáticos crímenes a obreros de construcción civil que en los últimos meses se han estado registrando en la capital. Por ejemplo, solo en mayo, Luis Palomino Hurtado (54) no llegó a la obra donde laboraba como personal de seguridad. Cuatro balazos en el pecho lo detuvieron. Y en Ancón, Isaías Vásquez Soto (40) también recibió cuatro disparos: dos en el vientre, uno en el corazón y otro en la cara. Solo en lo que va del año se ha reportado 6 muertos y 25 heridos, todos miembros de alguno de los casi 200 sindicatos afiliados tanto en la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) como en la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP). Aunque las muertes parecieran hablar de un enfrentamiento entre dos bandas, lo cierto es que detrás de estos sucesos existen mafias organizadas que en los últimos años han hecho de la extorsión, de las amenazas de muerte y de la violencia un lucrativo negocio. ¿solo seguridad? Perú.21 conversó con algunos dirigentes de construcción civil que prefirieron el anonimato. Ellos afirmaron que las víctimas y sus victimarios no serían obreros sino 'chalecos’: personas contratadas para vigilar las obras y protegerlos de “la banda enemiga”. Se trata de gente avezada y con un amplio prontuariado. Y aunque no son trabajadores, cobran como tales: figuran en las planillas de las obras. ¿Pero para qué son contratados? Los dirigentes dicen que la presencia de los 'chalecos’ sirve para mantener la “paz laboral”. Elías Grijalva, presidente de la CTP –de abierta filiación aprista–, señala que su organización los incluye porque quiere apoyar a los ex presidiarios. No obstante, estos dirigentes no explican por qué son contratados solo para tareas de seguridad y no para realizar trabajos en la obra.   El lado oscuro. Pero lo cierto es que detrás de estos 'cuerpos de seguridad’ se mueven fuertes intereses económicos. Según investigaciones del Ministerio del Interior, por cada obra un sindicato puede colocar entre 100 y 300 obreros. De cada uno de ellos recibirá una cuota mensual de 20 soles por su afiliación. Al sacar cuentas, esto significar entre 2 mil y 6 mil soles para el sindicato. Si se considera que son decenas de obras en Lima, al mes un sindicato podría recibir entre 30 y 50 mil soles. Dinero que luego servirá para pagar la planilla de los mismos dirigentes sindicales. Con estas ganancias, los enfrentamientos por las obras no resultarían injustificadas, y mucho menos la contratación de los llamados 'chalecos’, quienes deben evitar que las obras terminen en manos de otro sindicato. A esto se agrega otro problema: las constructoras informales. Cuando una de estas empresas inicia una edificación, busca contratar a los mismos pobladores de ese lugar. Con esto paga menos por mano de obra –no negocia con sindicato alguno– y se gana el apoyo de la localidad. Esto ocasiona que las organizaciones sindicales se enfrenten a esos obreros improvisados y a los empresarios, extorsionándolos. AÚN SIN SOLUCIÓN. Hace dos años se planificó el Plan Ladrillo para detectar a los delincuentes que hay dentro del sector de obreros de construcción civil pero sin resultados positivos aún. Mientras tanto, hay muchos sindicatos que presionan para incluir la mayor cantidad de personal en obras, hacen negociados de puestos de trabajo y contratan matones para garantizar que otro sindicato no se infiltre. Por lo pronto, la Policía y el Ministerio del Interior ya tienen una larga lista de personajes que supuestamente estarían detrás de los hechos de sangre. Entre ellos se encuentran Vicente Aponte Núñez, Augusto Ramos Dolmos y ”scar Telles Cancino. Todos ellos acusados de ser los autores intelectuales de los crímenes. Aponte tiene en su haber 25 denuncias, que van desde robo agravado hasta homicidios. Pero no está sentenciado por ninguno: todos están en proceso judicial. Él se defiende y manifiesta que “un luchador social sin denuncias es como si nunca hubiera existido”. Ramos es un ex dirigente sindical del cono norte que, en 1997, pretendió hacerse pasar como emerretista para extorsionar a un empresario. Y Telles recién se hizo fama durante una gresca en las obras del Lima Plaza Norte de Independencia, a cuyo constructor supuestamente extorsionaba.