El reiterado y público respaldo del presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, a la jueza provisional ad hoc María Martínez –por su determinación de no entregar al Congreso los archivos hallados en las computadoras del caso Business Track (BTR)– colisionó ayer con la decisión de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que, bajo el mando de la vocal suprema Elcira Vásquez, acogió la queja que la semana pasada planteara la comisión parlamentaria del 'chuponeo’ telefónico en contra de la magistrada y, sin más, inició una investigación. A través de la Resolución N° 10625-2009, la OCMA dice que “según el informe hecho llegar por la magistrada Martínez, se aprecia que existen indicios para abrir investigación en razón a que la negativa de la jueza a proporcionar información al Congreso podría generar colisiones interinstitucionales que, eventualmente, darían una mala imagen al Poder Judicial en su conjunto”. En el documento, firmado por la vocal Vásquez, no existe argumento que señale que la jueza Martínez haya desconocido las atribuciones del Parlamento y, muchos menos, que se haya encontrado indicios de alguna inconducta funcional. La decisión solo se basa en las intenciones de la OCMA de evitar un enfrentamiento con el Parlamento, aunque se aclara que “la investigación, en modo alguno, atenta contra la independencia que, como juez, también le asiste a la magistrada (Martínez)”. La OCMA designó al juez Marco Cerna, quien en un plazo de 30 días deberá entregar un informe a la jefa de la institución. Martínez podría ser sancionada administrativamente, ser apartada del proceso penal, o se podría solicitar su destitución del cargo. Cabe precisar que, al tratarse de una jueza provisional y no de una titular, la OCMA no tendría necesidad de pedir su baja al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esto sin descontar el hecho de que es probable que, producto de la investigación, se ordene a Martínez que envíe los archivos solicitados al Congreso.