Luego de siete meses de gestión, la comisión que investiga las denuncias sobre la supuesta existencia de una red de interceptación telefónica –presidida por el congresista Oswaldo Luízar– entregó su segundo informe al titular del Congreso, Javier Velásquez. Pese al tiempo del que ha dispuesto la referida comisión, el documento –al que tuvo acceso Perú.21– no aporta nada nuevo al tema. Salvo enunciados generales que recopilan lo ya publicado en diferentes medios de comunicación, el informe en cuestión refleja serias deficiencias en las indagaciones y pone en tela de juicio la supuesta necesidad de que se prorrogue el plazo de las indagaciones por seis meses. Fuentes allegadas al grupo que preside Luízar trataron de justificar estas deficiencias argumentando que no recibieron apoyo de algunas dependencias públicas y de entidades bancarias en cuanto al levantamiento del secreto bancario, por ejemplo. No obstante, un parlamentario que integra la comisión dio cuenta, más bien, de que lo que faltó fue un plan de trabajo. Sea como fuere, lo cierto es que el informe –que debe ser entregado en las próximas horas a la representación parlamentaria– debe aún ser debatido y aprobado por el Pleno. CONCLUSIONES. El citado documento precisa que las investigaciones, que se originaron en el escándalo de los 'petroaudios’, se han ido ampliando hasta abarcar las denuncias de una red de 'chuponeo’ a cargo de la empresa Business Track y su contratación por parte del Congreso en agosto de 2006. En ese contexto, señala que la comisión ha tramitado el levantamiento del secreto bancario de 56 personas, de las cuales “solo 23 registran movimiento significativo de operaciones”, y añade que muchas de ellas “no cuentan con un sustento razonable que permita identificar la procedencia del movimiento efectuado”. No obstante, en este aspecto, como en otros, la comisión considera que falta aún completar el trabajo. Entre sus conclusiones, el grupo consigna que “no se ha recibido la colaboración de los detenidos por el caso Business Track”, que –a la fecha– todas las denuncias de interceptación involucran líneas fijas, o que “hay indicios razonables de que las interceptaciones (...) son organizadas, planificadas y sistematizadas”. Afirmaciones que se caían de maduras, pero que los integrantes de la Comisión Luízar han tardado siete meses en advertir con el consiguiente gasto de recursos del Estado. En esas condiciones, ¿les dará el Pleno la prórroga que solicitan?