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Informe.21: “No tenemos que pagar las deudas de la dictadura o SL”

2008/08/28
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Desde la presidencia de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) a cargo de las reparaciones a las víctimas del conflicto interno, el primer ministro, Jorge del Castillo, asegura que el gobierno priorizará las reparaciones colectivas antes que las individuales. Ministro, ¿cuánto se ha avanzado en las reparaciones a las víctimas? Primero quisiera hacer un ejercicio de memoria. El Partido Aprista fue el único que tuvo una posición institucional, por escrito y formal, de respaldo a la CVR. Hay que recordar, además, la presencia del doctor Alan García ante la comisión, a la que unos no acudieron o fueron de mala gana. Apenas asumimos el gobierno, activamos la CMAN, constituimos el Consejo de Reparaciones con una conformación muy plural y hemos logrado incorporar al presupuesto de la República los fondos para las reparaciones. Pero el MEF le ha dicho al Consejo de Reparaciones que reduzca su presupuesto, lo que dilatará el registro de víctimas y las reparaciones. Las reparaciones no se inician porque el registro no está terminado. Además, el corte presupuestal no es un problema, ya está resuelto. Cuando negociamos el aporte minero voluntario, acordamos que una parte iba para reparaciones y se está recibiendo millones. ¿Por qué esperar a terminar el registro para iniciar las reparaciones si ya hay nueve mil víctimas registradas? La propia CVR no hablaba necesariamente de reparaciones individuales entendidas pecuniariamente, porque el informe contiene formas de reparaciones simbólicas. El gesto del gobierno de interesarse en el tema implica una actitud que no la han tenido otros gobiernos, porque también podría preguntarse ¿qué le faltó a Toledo para empezar con el tema? Voluntad política. Voluntad que a nosotros nos sobra. También se habló de reparaciones en salud y educación, y casi nada se ha avanzado. Perdón, cuando el gobierno hace programas intensos de alfabetización en Huancavelica, en Ayacucho y en Apurímac, ¿para quién cree que los está haciendo? Eso es parte del deber del Estado de luchar contra la pobreza. El tema de las reparaciones es otro. Pero, cuando llegamos a una comunidad, no vamos a decir: a ver, quiénes son los afectados por la violencia, a estos les vamos a dar, los otros que miren. No es así. Cuando orientamos el programa Juntos a las comunidades más alejadas de Ayacucho o Huánuco o Junín, no estamos llevándolo solo por el factor pobreza, sino porque tenemos una preocupación por este tema. ¿Considera que la educación está cubierta con los programas sociales? Por supuesto, pero no se ha ido a decir a la gente 'en virtud de las reparaciones, tal cosa’. Hemos tomado en cuenta el tema al seleccionar los pueblos. ¿Entonces cuál es el criterio del gobierno para diferenciar a una víctima de la violencia interna de un poblador en pobreza extrema? De forma individual es el padrón. Es muy difícil ir a un pueblo y empezar a separar a uno de otro. Cuando definimos el tema de Juntos, por ejemplo, preguntamos cuáles eran las zonas más afectadas por la violencia subversiva, y ahí vamos. ¿Por qué todavía no se ha aprobado la defensa legal gratuita para las víctimas de la violencia? Hay gente que ve el tema de los procesos solo por un lado y no por el otro. Cuando son asesinados por Sendero Luminoso (SL), eso no interesa, pero sí cuando son agentes del Estado. Los pedidos (para implementar ese sistema) se han trasladado al sector Justicia para que incorpore a los colegios de abogados. Pero le soy sincero: no creo que el Estado tenga que ponerle un abogado a cada familia. Para eso existe la sociedad civil, las ONG, que lo hacen. ¿El Estado tiene que ponerle un abogado a cada víctima? Se consideraría una forma de reparación por parte del Estado. Cuando se habla del Estado se debe ver quién gobernaba y en qué circunstancias, porque resulta que ahora nosotros tenemos que pagar la cuenta de las violaciones de la dictadura o de las transgresiones de SL. No pues, así no es la cosa. ¿Cuál es el mensaje a las víctimas si el Estado asume el costo de la defensa de un militar acusado de un crimen? El Estado no defiende a militares que han violado los derechos humanos. Defiende a militares que actuaron en defensa del Estado y están procesados. Son dos cosas distintas. Pero usted sabe que también se cometieron crímenes desde las FF.AA. Sin duda hubo (excesos), nadie dice que no, pero ellos eran representantes del Estado en ese momento y muchos pueden estar procesados injustamente. Hay violadores flagrantes a los que no se defiende, pero los soldados de las FF.AA. y de la Policía son víctimas también. ¿O acaso no tenían derechos humanos?