Desde el 9 de junio pasado, las condiciones carcelarias del procesado ex presidente Alberto Fujimori se han flexibilizado al máximo, y la explicación que han dado las autoridades del Gobierno y los fujimoristas es que los delitos por los que se le está procesando no ameritan tanta rigidez penitenciaria. Ambos sectores señalaron que el Poder Judicial, que antes había consignado erróneamente, en documentos oficiales, que se juzgaba a Fujimori por asociación ilícita para delinquir, recientemente aclaró que tal acusación no existe en el proceso al ex mandatario. Esto último, según precisaron por separado la ministra de Justicia, Rosario Fernández, y el parlamentario Rolando Sousa, determinó que el ”rgano de Tratamiento Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) variara la clasificación del ex presidente del Régimen Cerrado Especial al Régimen Cerrado Ordinario, lo cual cambia radicalmente sus condiciones carcelarias. La explicación de la titular de Justicia es que las normas de la autoridad penitenciaria sostienen que un reo que no está procesado por asociación ilícita para delinquir no tiene necesariamente la clasificación de Régimen Cerrado Especial. MOVIDAS DETRÁS. Más allá de la explicación oficial –que coincide con la ofrecida por los seguidores de Fujimori–, Perú.21 conoció otra versión respecto de cómo se habrían desarrollado los hechos en este caso. Según una fuente digna de crédito, desde febrero de este año se acentuaron las presiones políticas por parte de los fujimoristas para que el Gobierno le otorgara privilegios a Alberto Fujimori en su prisión de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). Una muestra de esa presión habrían sido las fuertes críticas que el congresista Carlos Raffo le hacía al jefe del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Desde otro ángulo, Rolando Sousa –según nuestras fuentes– se reunió, en mayo pasado, hasta en dos oportunidades, con la propia ministra de Justicia, Rosario Fernández, para negociar un mejor trato penitenciario para el ex jefe de Estado. A su vez, la titular de Justicia, de acuerdo con la versión de nuestro informante en ese portafolio, tuvo dos encuentros con el presidente del Consejo de Ministros para tratar específicamente ese tema. En la primera cita le habría informado al primer ministro de los requerimientos de la agrupación fujimorista. Hay que recordar que, desde mayo pasado, la bancada aprista en el Congreso de la República ya buscaba los votos necesarios para no perder la Presidencia del Legislativo. En la segunda reunión con Del Castillo, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en Miraflores, se habría aprobado otorgar los beneficios a Fujimori. En ese cónclave, junto con la ministra participó, según la fuente, el jefe del INPE, Leonardo Caparrós. La relación entre el Gobierno y el fujimorismo se hizo más evidente desde que esta última agrupación votó por el candidato aprista Javier Velásquez Quesquén para la Presidencia del Parlamento. Esto ocurrió, inclusive, luego de la visita del ministro Luis Alva Castro a Fujimori en su penal unipersonal ubicado en la Diroes, y después de que los fujimoristas dijeran, por todos los medios de comunicación, que apoyarían a un candidato de la oposición. Son estos tratos entre el oficialismo y el fujimorismo los que acrecientan cada vez más las especulaciones sobre un pacto entre ambos para beneficiarse mutuamente. EL GOBIERNO NO INTERVINO. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, en diálogo con Perú.21, no negó haber tenido una reunión con el fujimorista Rolando Sousa. Tampoco negó haber tenido encuentros con Del Castillo y con Caparrós. Sin embargo, aseguró que en tales citas jamás se discutieron asuntos relacionados con el ex mandatario Alberto Fujimori, y menos sobre sus condiciones penitenciarias. “Al doctor Rolando Sousa lo conozco hace más de 20 años, y si la pregunta es si me he reunido con él, la respuesta es que sí me he reunido, así como con otros congresistas. Pero, si me pregunta si me reuní para tratar sobre Fujimori, la respuesta enérgica y categórica es no. El Gobierno no intervino en este caso porque no puede hacerlo. La variación del régimen se dio como consecuencia de la aclaración del Poder Judicial respecto de que no estaban procesando a Alberto Fujimori por el delito de asociación ilícita para delinquir”, indicó, finalmente, durante la entrevista. De igual forma, el parlamentario Rolando Sousa señaló que sí se reunió con la ministra Fernández, pero en ningún caso, según agregó, fue para abordar el tema del líder de su partido.