Como presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres vivió de cerca el recuerdo de las miles de víctimas de la guerra interna desatada por la subversión en el país. Cinco años después de presentado su informe, mira con pesar el “doble discurso” del gobierno con respecto a las reparaciones para las víctimas. Doctor Lerner, ¿cuál es su balance sobre el tema de las reparaciones para las víctimas? Es complejo porque las recomendaciones tenían que ver con la afirmación y difusión de una verdad histórica que buscaba una acción de la sociedad y del gobierno de recordar nuestra memoria. Las causas de la violencia persisten hasta ahora y nos hablan de pobreza, exclusión, racismo y de una institucionalidad democrática muy débil, así como de un Estado precario que llega a un sector muy reducido, dejando en el desamparo a la población del ámbito rural. Se sigue buscando justicia para las víctimas, sea sancionando a sus victimarios o reparando los agravios que sufrieron. La mayoría de las víctimas registradas por el Informe Final de la CVR era de las zonas rurales. ¿Ha cambiado la situación de esta población cinco años después? Puede haber avances a través de los programas sociales, que apuntan no a resarcir a las víctimas sino a ocuparse del fenómeno de la pobreza, pero si no se apunta a una reforma de largo aliento, son solo medidas temporales y asistencialistas, como Juntos y Crecer. Darle cien soles a una familia le permite sobrevivir por un tiempo, pero los ciudadanos quieren estar inscritos en el Registro Civil, tener educación y no morirse abandonados a su suerte. ¿Se debe considerar estos programas sociales como parte de las reparaciones pedidas por la CVR? El gran problema es que estos programas están dentro del deber del Estado pues, aun si no hubiéramos estudiado estas cosas terribles, es su deber dar justicia. Las víctimas necesitan un tratamiento especial que no excluye lo anterior. Deben ser reconocidas como víctimas y que el Estado les diga 'has sufrido porque yo no te defendí’. El Estado, en este punto, no ha hecho nada hasta hoy. ¿Cómo observa la actitud del gobierno sobre las reparaciones debidas a las víctimas? Es una actitud tibia y no comprometida. Desgraciadamente, eso se anunciaba desde la época en que el doctor García era candidato, porque nunca tocó el tema de la CVR, de los derechos humanos. Es el doctor Jorge del Castillo quien ha salvado la cara del gobierno a través de la acogida de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que fue creada por el gobierno de Alejandro Toledo. Pero hay poco a nivel del Ejecutivo. ¿Respalda la decisión de esperar el registro del 100% de las víctimas para entonces iniciar las reparaciones individuales? No podemos esperar a terminar de registrar a todas las víctimas porque eso sería patear el tablero. Pretender que no quede ni una sola por registrar para iniciar las reparaciones es alargar este proceso. Si ya existen casi nueve mil víctimas, se debe empezar por repararlas y otorgarles viviendas, educación y salud. No se les puede pedir que continúen esperando. ¿Considera que el gobierno debe otorgarles a las víctimas, como lo ha hecho con los militares, una defensa legal gratuita? Creo que debe darles un trato igualitario a las víctimas civiles. Existen, claro, víctimas de las FF.AA. y policiales también, pero se debería hacer un esfuerzo en este tema. Se debe dotar de abogados que no sean rutinarios, sino letrados comprometidos, que defiendan sus derechos y pidan las reparaciones correspondientes. Eso no lo ha hecho el gobierno. ¿Cómo observa la actitud del vicepresidente Giampietri, considerando que es un personaje anti-CVR? No lo quiero ofender, pero sí quiero decirle que no mira de modo desprejuiciado el tema de la CVR y de los derechos humanos. Los malos comportamientos de los militares existieron, y una medida adecuada sería aceptarlos y, como ha sucedido en Argentina y en Chile, ofrecer disculpas al pueblo peruano por no haber estado a la altura del uniforme. ¿Qué nota le pondría al gobierno sobre el cumplimiento de las recomendaciones? Con pena lo desapruebo, porque no ha habido reformas ni reparaciones materiales. Han transcurrido cinco años y se sigue con el registro único de víctimas. No se puede decir que se dan reparaciones colectivas cuando se aplican los programas sociales, porque eso es parte de los deberes del Estado. No ha habido una voluntad política para hacer efectiva la democracia y el estado de derecho. La CVR decía que un país que olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Vamos por ese camino? Creo que sí, porque la vida política no está asumida con autenticidad y seriedad. No hay reparación y continúa la discriminación.