Si algo hay que reconocerles a algunos congresistas es que su capacidad para asombrarnos con sus actitudes, muchas de las cuales lindan con el delito, no tiene límites. Es que, cuando estalla un nuevo escándalo y la ciudadanía cree que ya lo ha visto todo y no hay nada que supere a lo anterior, siempre hay quien, sin mucho esfuerzo ni sonrojo, deja la lista de los parlamentarios NN (desconocidos) y cobra notoriedad porque contrató a su empleada doméstica como asesora, mató a tiros a la mascota de su vecina, grabó subrepticiamente las conversaciones de sus propios colegas, para luego divulgarlas a la prensa, o adulteró facturas para solventar sus gastos personales con recursos del Estado. En apenas 29 meses de gestión, más de una decena de legisladores ha sido sancionada por la Comisión de Ética. Otros –como Tula Benites, Elsa Canchaya y José Anaya– han sido desaforados y enfrentan procesos en el Poder Judicial, a donde han llegado más por presión de la prensa que por una real política de lucha contra la corrupción del propio Poder Legislativo. CAJA DE PANDORA. Solo en 2008, la ciudadanía puede dar cuenta de una serie de casos de inconducta parlamentaria. Ahí están los upepistas José Vega, suspendido por contratar a la madre de su nieta, y José Anaya, quien adulteró recibos de pago de consumo de pollo para justificar el desembolso de sus gastos operativos. También el nacionalista Miro Ruiz, quien mató a balazos al perrito de su vecina; mientras que su colega Janeth Cajahuanca fue suspendida por contratar a su supuesta pareja sentimental como asesor; además de Margarita Sucari, de Bloque Popular, acusada de recortarle el sueldo a una de las empleadas de su despacho. Sin embargo, quien parece llevarse las palmas en este año que concluye es Gustavo Espinoza quien, no contento con grabar y divulgar una conversación privada con los congresistas Javier Velásquez y Carlos Torres Caro, hecho por el que fue suspendido en sus funciones por un plazo de 120 días, también se dio el lujo, más recientemente, de difundir un video con desatinados comentarios del ex comandante general del Ejército, general (r) Edwin Donayre, que pusieron en riesgo nuestra relación bilateral con Chile. Por este tema, se admitió una acusación constitucional en su contra. Todo este rosario de hechos vergonzosos, sin embargo, no ha logrado ponerle las barbas en remojo a un Parlamento donde el esforzado trabajo legislativo de unos cuantos ha sido, es y, posiblemente, seguirá siendo opacado por los escandaletes. Tal es la indiferencia ante esta situación que –en contra de lo que predican para las tribunas sobre transparencia y lucha anticorrupción– todas las bancadas políticas han decidido pasar por agua tibia el anuncio del titular del Congreso de que recién en marzo se recompondrá la Comisión de Ética, trámite que está pendiente desde setiembre. ¿El argumento? Pues, que en estos momentos “no hay ningún caso pendiente en la agenda”. ¿Quién dice que no? Eso es lo que varios se preguntan. AUMENTO ENCUBIERTO. Pero no solo a los aquelarres y shows mediáticos de algunos de sus integrantes les debe el Parlamento ese 79% de desaprobación con el que llega a fin de año, según la última encuesta de Ipsos Apoyo. Otra medida impopular fue el aumento encubierto de sueldos, por un monto de S/.7,617 mensuales, con el que los legisladores decidieron 'premiarse’ en octubre último. Ni las críticas del presidente García ni las opiniones adversas de distintos sectores los hicieron retroceder en su decisión, la cual adoptaron luego de que Perú.21 pusiera al descubierto un acuerdo de la Junta de Portavoces para modificar el sistema de rendición de cuentas de los gastos operativos. Dejando a un lado sus diferencias políticas, todos, sin excepción, justificaron que la partida de más de S/.7 mil, sobre la cual tenían antes que rendir cuentas con documentos hasta por un 90%, se convirtiera, por obra y gracia de ellos mismos, en una “asignación por función congresal” de libre disponibilidad no sujeta a control alguno. “Esa es la democracia y hay que aceptarla”, señaló entonces el vocero nacionalista, Fredy Otárola. Y quizá tenga razón. Por lo menos es lo que tendremos que aceptar (o soportar) hasta las próximas elecciones generales, en las que la población deberá asumir el compromiso de evaluar con mayor rigurosidad a quién le da su voto. Pero el cambio no será posible si las agrupaciones políticas no auscultan la trayectoria de quienes aspiran a representarlas en el Parlamento y si no se responsabilizan de su actuación. Algo que no ocurre ahora.