Promulgada en los últimos días del gobierno de Toledo, la Ley Nº 28827 pretendía acortar la "brecha digital" -frase muy de moda en el mundo de Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC- así como luchar contra el contrabando de partes y piezas de computadoras. Anteriormente, según datos de Dominio Consultores, por cada 100 carcasas que ingresaban a nuestro país, solo se importaba 15 procesadores, poniendo en evidencia la magnitud del contrabando. "Cuando la ley de impulso a la formalización del ensamblaje de computadoras en el país entra en vigencia, se registró un aumento considerable en la cantidad de mercadería de este tipo que ingresó legalmente a través de Aduanas (.) Sin embargo, la especulación generada por las dudas sobre los alcances y aplicación de la ley mantuvo el contrabando, aunque en un nivel más bajo", afirma Juan Vicente, presidente de la Cámara Peruana de las Tecnologías de Información, Capeti, una institución de reciente creación que nació de la necesidad de los ensambladores locales por tener una representación formal en busca de soluciones a los problemas causados por la 28827. La norma solo estuvo en vigencia durante ocho meses, pero en ese tiempo ha logrado cambios importantes en el ecosistema TIC del país. Antes de ella había solo un puñado de importadores en el país. Ahora han aparecido algunos nuevos y otros han crecido considerablemente, pero toda la cadena se ha favorecido con el incremento de entre 30 y 60% de las ventas. Sin embargo, muchos usuarios finales pudieron beneficiarse comprando las partes y pagando a un tercero por el ensamblaje de su computadora. El problema para estos es que el esquema de garantías de las piezas y partes es diferente al que se utiliza para una computadora vendida como tal (y que no estaba libre de IGV). Algunos empresarios utilizaron una estrategia similar facturando solo las partes aunque, en realidad, estaban vendiendo una computadora, hecho que Sunat objetará durante una auditoría, obligándoles a pagar el impuesto no recaudado. La frase "de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno" no podría describir mejor lo sucedido en esta ocasión. Para Vicente, la forma más adecuada para lograr el propósito de la 28827 sería a través de la exoneración aplicada solo a los ensambladores inscritos en el Registro de Productos Industriales Nacionales, RPIN, un directorio en el que se especifican los productos fabricados dentro del territorio nacional y que es controlado por el Ministerio de la Producción. "De esta forma, no existiría un monopolio (u oligopolio) que manipule o controle los precios (.) El beneficiado sería directamente el usuario final", afirma.