Como ya se ha hecho costumbre con el actual Tribunal Constitucional, nuevamente se ha emitido una resolución que es incoherente e inconsistente, prohibiendo al Ministerio de Salud distribuir la píldora del día siguiente. Con dicho fallo, el tribunal está creando una injusta división en nuestra sociedad entre aquellas mujeres que simplemente pueden ir y comprarla en cualquier botica, frente a las que viven en pobreza, por lo que su única posibilidad de obtenerla era en la posta médica. La abundante evidencia científica existente de que se trata de una píldora anticonceptiva y de que no es abortiva parece que no fue suficiente. Incluso daría la impresión de que ni siquiera fue tomada en cuenta. De esa manera, la más alta instancia constitucional decidió sumarse a todas aquellas instituciones, lideradas por la Iglesia y las ONG, que pierden la objetividad –tanto a favor como en contra– cuando se toca cualquier tema vinculado al control de la natalidad. Como resultado de la equivocada decisión del tribunal se aumentará el número de abortos clandestinos y otras prácticas ilegales que ponen en serio riesgo la vida de las mujeres, especialmente de aquellas que son más vulnerables. No hay duda de que el fallo es realmente incoherente. Por otro lado, se pone nuevamente al descubierto la falta de solvencia en las decisiones del tribunal. Hace dos semanas había una abrumadora mayoría en el colegiado para ratificar la resolución que los anteriores vocales habían adoptado en 2006 a favor de la distribución de la píldora por parte del Estado. Sin embargo, luego del escándalo generado por la propuesta de despenalización del aborto, presiones políticas vinculadas a la Iglesia habrían hecho que cambien rápida y diametralmente de posición. Lo más alarmante es que no es la primera vez que el tribunal cambia abruptamente sus fallos. Evidentemente, la mayoría de sus vocales no tiene mayor convicción en lo que está aprobando. En esta ocasión, las víctimas fueron las mujeres, mientras que en otro reciente fallo intentaron liquidar el arbitraje. La lista de equivocaciones es enorme. Si los dos vocales que serán nombrados a fin de año no son dos juristas eminentes e intachables, este tribunal se va a ir realmente al tacho y al país le va a costar caro. Solo nos queda esperar que, para variar, el Congreso conduzca un proceso de selección adecuado.