No hubo anuncios inesperados. El último mensaje a la nación, con ocasión de Fiestas Patrias, del presidente Alan García Pérez fue más bien una retrospectiva de sus cuatro años de gobierno, con pinceladas de lo que serán los próximos 12 meses de su gestión, durante los cuales se comprometió a mantener la estabilidad económica y social con el fin de no dejarle a su sucesor “obligaciones exorbitantes ni bombas de tiempo”. Fue un discurso con sabor a despedida anticipada, austero en anuncios u ofrecimientos a largo plazo, pero abundante en la reseña de obras ejecutadas; sin ambiciones programáticas y con un tibio 'mea culpa’ por los escandalosos casos de corrupción que comprometieron a las altas esferas de su gobierno –como el de los 'Petroaudios’ y el tráfico de tierras por parte de Cofopri–, por la falta de estrategias coordinadas en materia de seguridad ciudadana y por la ausencia de criterios unificados en la lucha contra el narcoterrorismo. ANUNCIOS. No obstante, hubo también precisiones importantes. Anunció la cancelación de la licencia de funcionamiento de la compañía minera Doe Run, el aumento de sueldos para los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en cinco tramos, y la entrega de un subsidio a las personas mayores de 75 años que viven en extrema pobreza; ratificó que el Perú “no entregará ni un centavo a los terroristas por más sentencias internacionales que tengan”, y reafirmó la decisión gubernamental de renegociar los contratos para la exportación de gas natural, a fin de que las regalías por este concepto no sean, en ningún caso, menores a las que se pagan por consumo interno. AVANCES CON TRASPIÉ. Una hora y 45 minutos le tomó al jefe de Estado reseñar lo que hizo y dejó de hacer en su segundo mandato, con el cual, aparentemente, se mostró no solo satisfecho sino reivindicado respecto a su desastroso e hiperinflacionario primer quinquenio. “Quien me suceda, cualquiera que sea, encontrará bases muy sólidas para continuar edificando un país más justo, más desarrollado y que tenga el rol conductor en la América del Sur”, subrayó el mandatario, tras destacar –con cifras en mano– los avances en sectores como educación, salud, justicia y descentralización, aunque al referirse a este último reconoció no haber superado las metas impuestas debido al departamentalismo que impide la unión voluntaria de regiones, por lo que pidió al Congreso dar leyes para subsanar esta falencia. Su llamado se extendió al Poder Judicial, al que reclamó celeridad en la aplicación de sanciones para los casos de corrupción, flagelo que reconoció como un punto débil de su administración, pero sin mencionar a los militantes de su partido, varios de ellos dirigentes, que estuvieron involucrados en los hechos. En esa misma línea, admitió también las deficiencias en materia de seguridad ciudadana y criticó la falta de convicción de las instituciones a cargo. No obstante, no formuló ninguna propuesta para corregir esta situación, como tampoco lo hizo cuando, al abordar el caso del narcoterrorismo, habló con preocupación sobre el recelo que impide a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional compartir información que permita desarrollar una lucha eficaz. RECLAMOS. Sus palabras cautivaron no solo a su bancada sino a la 'portátil’ aprista que convenientemente copó las galerías del hemiciclo del Parlamento, y con la cual el oficialismo trató de contrarrestar los gritos destemplados de 'faenón’ que le endilgaron los nacionalistas al presidente en pleno discurso. Los reclamos arreciaron cuando García hizo referencia a la exportación del gas natural y la corrupción, y no pudieron ser aplacados ni siquiera cuando este se comprometió a destinar los lotes 88 y 58 al consumo natural. Así, en medio de acusaciones mutuas y pullas entre nacionalistas y apristas, el jefe de Estado desarrolló su última exposición ante el Parlamento. Allí pidió la pronta aprobación del proyecto de ley que regula los bonos hipotecarios cubiertos, habló sobre la rebaja en los trámites ante Registros Públicos como un paso más hacia la formalización de la propiedad, destacó la buena relación con países como Ecuador, Colombia y Chile, reclamó se evalúe la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y la posibilidad de su eventual modificación, y expresó sin reservas su satisfacción por los cambios en el sistema educativo y la ampliación en la cobertura de salud. Fue, finalmente, un mensaje sin sorpresas; pronunciado por un presidente visiblemente agotado y que no llegó a generar mayor expectativa. No queda ahora sino esperar 12 meses para saber qué nos traerá el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno para el período 2011-2016.