El Consejo de Ministros acordó trasladar la dirección ejecutiva del Plan para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) del Ministerio de Defensa a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y el nombre del jefe del mismo se dará a conocer hoy, anunció el premier Javier Velásquez Quesquén. Adelantó que el nuevo conductor del plan será un civil de reconocida trayectoria, que tendrá un centro de operaciones en Pichari (Cusco) y otro en un lugar que no especificó, y que deberá interactuar con todas las autoridades de la zona para la implementación de los núcleos ejecutores que viene promoviendo el Gobierno para que la población organizada pueda realizar pequeñas obras. Velásquez explicó que la jefatura del Plan VRAE se está trasladando a la PCM debido a que, cuando estaba adscrita al sector Defensa, se tenía la percepción de que la estrategia era solo político-militar, cuando también tiene una dimensión socioeconómica. TELÉFONOS SATELITALES. Respecto de la lucha antisubversiva propiamente dicha, el premier aseguró que, actualmente, hay una mayor articulación entre la Inteligencia de las FF.AA. y de la Policía Nacional, e informó que, este fin de semana, todas las bases antiterroristas contarán con teléfonos satelitales para mejorar el aspecto de la comunicación. Agregó que todos los institutos armados tienen autorización para reforzar sus puestos en las zonas de acción del terrorismo. ¿QUIÉN ES EL JEFE? Carlos Tapia, vocero del Partido Nacionalista, consideró positivo que la jefatura del Plan VRAE se traslade a la PCM, aunque no se mostró muy convencido de que este cambio pueda generar resultados positivos, toda vez que no se ha definido quién será el responsable de todo. “Está bien que esté adscrita a la PCM, pero no le han dado rango de ministro; entonces, ¿quién va a ser el responsable de todo? La operación militar no puede ir por un lado y la estrategia policial por el otro. Tiene que haber un responsable político de toda la estrategia”, opinó. Tapia indicó que el hecho de que el director del VRAE sea un civil o un militar no hace ninguna diferencia pues el punto es que haya un estado mayor político que articule el combate a los rezagos del terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo de la zona. Para lograr este objetivo –precisó– se requiere también que el Gobierno Central asigne el presupuesto necesario que, según él, debería ascender a unos 350 millones de dólares.