El Gobierno se puso las pilas y está remitiendo una propuesta de ley 'ómnibus’ que contiene una serie de reformas que facilitarían la inversión. Estas comprenden desde simplificación en formar una empresa hasta automatización en los registros públicos, que se han vuelto un cuello de botella. Si la iniciativa, que esperamos sea aprobada antes de que concluya la actual legislatura, pudiera ser complementada con una campaña de promoción de la Ley de Formalización de las Mype –que sea hecha con convicción–, entonces, este sector le podría dar al crecimiento un impulso adicional. Sin embargo, como siempre en el Estado, lo que una mano construye la otra lo destruye, y tenemos en el Parlamento dos propuestas que parece que van a seguir suertes opuestas, pero que, lamentablemente, serían en el sentido equivocado. Con lo cual tendrían un impacto negativo, neutralizando el beneficio esperado por el paquete mencionado. La primera propuesta es la reforma constitucional para nombrar anualmente a un director del Banco Central, en lugar de hacerlo como es en la actualidad: a todo el directorio a la vez al comienzo de cada mandato. De esa manera, el riesgo de interferencia política en el ente emisor sería menor. La reforma pasó la primera votación hace más de seis meses, pero parece que el Apra ha cambiado de posición y ahora está tratando de enterrarla. Lo alarmante es que, si no es aprobada en los próximos 10 días, logrará su intención. Por otro lado, está la propuesta para gravar las ganancias de capital, que es un debate que lleva años, pero la están tratando de aprobar en el momento menos adecuado. La recuperación de la economía mundial todavía es frágil, y los capitales se ahuyentan con facilidad ante malas señales como esta, que haría que la plaza peruana sea menos competitiva que la colombiana o la chilena. Incluso, estamos a solo cuatro semanas de su entrada en vigencia y todavía hay muchas dudas sobre su aplicación. Lo peor es que la recaudación esperada por este impuesto es realmente baja. Creo que si el Gobierno y el Congreso quieren asegurar la recuperación del crecimiento, deberían aprobar las reformas tanto para mejorar el clima de inversión como para asegurar –con el BCR– la estabilización. Pero, asimismo, deberían postergar por un año más la aplicación de un impuesto que ahora, en que recién se está recobrando la confianza, sería –sin duda– una medida desacertada.