Lo sucedido en el colegio José Olaya de Miraflores es solo una muestra de una preocupante realidad en nuestro país: la pedofilia no es ajena a las aulas. Entre 2007 y 2008 se ha sentenciado penalmente a 29 personas (profesores y personal administrativo) por el delito de violación sexual contra escolares. De ese total, seis cometieron sus delitos en colegios públicos de Ayacucho, cuatro en Lima y otros cuatro en Áncash. Asimismo, en Arequipa (3), Apurímac (2), Tacna (2), San Martín (2), Puno (2) , Huánuco (1), La Libertad (1), Loreto (1) y Huancavelica (1). Así lo informó la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (Cader) del Ministerio de Educación (Minedu) a través de su portal. José Ramos, coordinador de la Cader, explica que usualmente se reciben denuncias sobre tocamientos indebidos o violación sexual contra colegiales. A la fecha, solo 29 casos han sido comprobados y sentenciados por el Poder Judicial. “No podrán trabajar nunca más en un colegio estatal. Quizás muchos ya cumplieron sus condenas, pero difundimos sus fotos y nombres para que la población esté alerta, sobre todo en los centros privados”, advirtió Ramos. En cuanto a las cifras actuales de denuncias similares, señaló que aún vienen procesando la información. INVESTIGACIONES. Mientras tanto, continúan las investigaciones en torno a las denuncias de abuso sexual en el colegio José Olaya. El paradero de su acusado dueño, Armando Bueno Galindo, sigue siendo un misterio. Una comisión especial de la UGEL 7 investiga la veracidad de la denuncia del ex alumno Fabián Echeverría. “Las sanciones pueden ser desde una sanción pecuniaria hasta el cierre del local, según la gravedad del caso”, refirió el coordinador de la Cader. Y, a través de páginas webs, constantes testimonios aseguran que los abusos de Bueno eran un “secreto a voces” y que algunos docentes lo sabían, pero nadie se atrevía a denunciar. Esto es algo que indagará también la titular de la 25 Fiscalía Penal de Lima, Adelaida Montes, a cargo de la pesquisa fiscal. No solo se investigará los supuestos delitos de Bueno, sino también si había más implicados directa o indirectamente. “De llegarse a comprobar que hubo encubrimiento, será sancionado como un delito”, enfatizó. No descartó la posibilidad de entrevistar a los actuales alumnos del José Olaya para conocer sus versiones y saber si ha habido algún abuso reciente cometido por Bueno. La fiscal invocó a los padres de familia a que, si conocen algún caso, lo denuncien.