De la misma manera como se está procediendo para la elección del contralor, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, anunció que en las próximas semanas lanzará otra convocatoria para elegir a un nuevo procurador anticorrupción, que será totalmente independiente y que estará por encima de los partidos políticos. “Queremos que las cosas sean transparentes, que el ciudadano común y corriente y los políticos sientan que no hay persecución para nadie y que todo caso de corrupción, de violación de los derechos humanos, llegue a la instancia que corresponda: el Poder Judicial o el Congreso”, comentó el premier tras explicar que se está trabajando un proyecto de lucha contra la corrupción que se conocerá en las próximas horas. No obstante, el jefe del gabinete ministerial no precisó –y nadie en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lo supo dilucidar– si el nuevo procurador será un reemplazante del actual procurador anticorrupción, Gino Ríos Patio, encargado de investigar a los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García, o si será una nueva figura que liderará una institución similar a la desactivada Oficina Nacional Anticorrupción. Lo que sí dijo, en declaraciones a CPN Radio, es que implantarán en el Estado el modelo de transparencia que se utilizó en la región Lambayeque, según el cual todos los ministros deben informar a la ciudadanía de todas las actividades que realizan durante el día y de las que tienen programadas para el día siguiente. CONSENSO. En otro momento, Simon defendió la modalidad que ha establecido para la elección del nuevo contralor y les respondió a sus detractores que el consenso en este caso no se logra solamente con cinco o seis partidos políticos, sino con la sociedad en su conjunto. “Qué de más tiene un congresista que el decano de un colegio profesional que representa a cientos de personas; por qué no conjugar esfuerzos, por qué no escuchar a la sociedad”, replicó. El primer ministro también reiteró su posición en contra del proyecto de ley que propone la amnistía para los subalternos de la Policía y de las Fuerzas Armadas procesados por presuntas violaciones de los derechos humanos. Agregó que una medida de esa naturaleza les hace más daño a las Fuerzas Armadas porque los excesos cometidos se deben castigar individualmente sin afectar a la institución.