Con el país concentrado en contar las horas que le restan tanto al ministro de Justicia en su cargo, como en libertad al indultado, y cuando uno pensaba que el Tribunal Constitucional no podía caer más bajo, este nos sorprende a todos con un golpe de Estado. Así tenemos que la entidad creada para interpretar la constitucionalidad de las leyes ya hace algún tiempo se aburrió de su poco rentable rol, y empezó a competir con el Congreso, tratando en la práctica de legislar con sus fallos. Ahora, han decidido expandirse aún más e irse a lo grande, buscando reemplazar al Ejecutivo en lo que podría convertirse en un muy lucrativo nicho para dirigir la política comercial y fijar las tasas arancelarias. Hoy empezaron con el cemento. Mañana continuarán con su conquista del Estado peruano, y no solo ampliarán la lista de productos beneficiados, sino que también tratarán de fijar otros impuestos, incluso toda la política tributaria. Ello, a pesar de que si hay algo claro en la Constitución es el capítulo económico. Y dentro de este, el artículo 74, que establece que los aranceles se fijan solo por decreto supremo, lo cual debería haber blindado totalmente la política comercial del riesgo de ser atacada por una tinterillada. Pero el tribunal ha salido con una cantinflada al considerar que la finalidad constitucional de los aranceles es la de proteger a la industria nacional. Luego dirán que existe el derecho constitucional al mercantilismo, y que la utilidad del empresario ineficiente, que requiere de protección, es más importante para el país que el bienestar del consumidor. Por otro lado, es preocupante que detrás del fallo haya estado un ex ministro con pretensiones al sillón de Pizarro, quien estuvo en el consejo cuando se tomó la decisión de bajar los aranceles, pero que hoy busca exactamente lo contrario. El que la política se quiera fijar en función del mayor postor al menos demuestra que en el Perú el mercado funciona, lamentablemente lo hace en el sector equivocado. Finalmente, consideramos que este inaceptable fallo debería despertar al Gobierno de su letargo y responder ante este golpe de Estado –que ha sido bien negociado– con una respuesta contundente de eliminar todos los aranceles. De esa manera, ya no habría posibilidad de ninguna interpretación constitucional y el Tribunal podría dirigir sus ansias hacia otro lado.