Fueron demasiadas las críticas al indulto otorgado pero, sobre todo, fue el descaro de José Enrique Crousillat al pasearse sin preocupación por las playas del sur, demostrando públicamente su buen estado de salud, lo que suscitó que el Gobierno se quedara sin argumentos para defender la gracia presidencial otorgada y anunciara, ayer, la revisión de los exámenes médicos sobre los cuales basó su decisión. Y ante el innegable engaño, al presidente Alan García no le quedó ayer otro camino que dejar abierta la puerta para regresar a prisión a Crousillat “porque está bien tener buena voluntad y ser humanitario, pero hay que demostrar que no he sido sorprendido”. “Le dimos un indulto humanitario a una persona de 77 años y que se dijo que estaba en mala situación cardiaca (…), pero lamentablemente comienza uno a sentir que ha sido un poco burlado, porque una persona que está en la última situación de salud no está en la playa, en Asia o en el Costanera 700. La verdad que me deja un mal sabor”, indicó en referencia a los dos últimos ‘ampays’ al ex directivo de América TV. Sin embargo, aunque García anunció que pedirá la revisión de los exámenes médicos y cardiacos, su ministro de Justicia, Aurelio Pastor, dijo por la noche que esta gracia era “irreversible” y que así se lo iba a hacer saber hoy al presidente. “Comparto la indignación del presidente, porque también me siento indignado por el comportamiento de este señor. Él ha recibido una gracia por tener una enfermedad grave que podría derivar en su muerte, entonces, debería comportarse a la altura de la gracia presidencial, pero solo ha demostrado una suerte de burla”, refirió tras insistir una y otra vez en que fue legal. DESDE EL APRA. Los primeros en demostrar públicamente su disconformidad con esta medida presidencial fueron los secretarios generales del Apra, Omar Quezada y Jorge del Castillo, quienes, por la mañana, señalaron que el Gobierno debería revisar los documentos médicos que “corroboraban” el grave estado de salud del ex broadcaster. “Creo que, en el caso del señor Crousillat, han inducido a error al ministro de Justicia y, por supuesto, al presidente. Una persona que aparentemente estaba con una enfermedad terminal no se puede sanar milagrosamente y, de pronto, lo vemos veraneando en las playas de Asia”, dijo Quezada. Minutos después, y desde el Congreso de la República, Jorge del Castillo le tomó la posta y planteó la revisión de la fase médica para determinar si “no se ha sorprendido a nadie”. “Tiene que evaluarse el indulto desde la base del problema, que son los informes médicos que sustentaban una salud quebrantada. Entonces, ¿qué pasó para que se recuperara tan rápidamente? Eso es lo que hay que ver, porque si me traen ocho informes médicos no tengo por qué dudar de la capacidad de los doctores, hay que ver qué pasó, ¿le dieron la pastilla del día siguiente y se arregló?”, se preguntó irónicamente Del Castillo. EN EL CONGRESO. Sobre este traspié del Gobierno, voceros de diversas bancadas opinaron que el indulto debe ser revisado y hasta anulado. Yonhy Lescano (AP) dijo que “los informes médicos, al parecer, son fraudulentos y en eso hay un fraude a la ley porque se ha aparentado un estado de salud que no correspondía. El presidente está obligado a dejar sin efecto el indulto porque incurriría en incapacidad moral si avala un beneficio que es, a todas luces, un fraude”. En ese mismo sentido se pronunciaron los congresistas Juan Carlos Eguren (UN), Aldo Estrada (UPP) y Oswaldo Luízar (Bloque Popular), y exigieron al Gobierno revisar el indulto e iniciar la investigación respectiva para determinar qué motivó a los médicos que evaluaron a Crousillat a certificar una supuesta gravedad física cuando, de lo que se deduce de sus apariciones públicas, goza de muy buena salud. Así las cosas, solo queda esperar la decisión que asumirá hoy el Gobierno.