El Gobierno hizo oídos sordos a los reiterados fallos del Tribunal Constitucional (TC) que disponen que los miembros de la justicia militar deben ser nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ayer, el presidente Alan García promulgó una resolución suprema designando a 12 oficiales en retiro como vocales y fiscales del Tribunal Supremo Militar Policial. La norma fue refrendada por los ministros de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, y del Interior, Remigio Hernani. Consultado por Perú.21, el director general del Instituto de Defensa Legal (IDL), David Lovatón, cuestionó que no se cumpla nada menos que con seis sentencias del TC: dos de 2002, tres de 2006 y una de este año. Advirtió que es un grave peligro para la independencia e imparcialidad de un tribunal que sus miembros dependan del Gobierno y no sean fruto de un proceso de selección, como las otras instancias de justicia. “La Constitución peruana establece que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que puede remover generales, pero no lo faculta a designar jueces y fiscales. Esa es la irregularidad que hasta ahora no quiere ser cambiada”, aseveró. Incluso, señaló que si esta designación fuera evaluada por instancias internacionales, sería considerada incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. POSITIVO. En medio de todo, Lovatón afirmó que es positivo que los oficiales nombrados se encuentren en situación de retiro y no de actividad, que era otro insistente pedido del TC.