Esta semana ha condensado dos de los principales problemas que tendrá que sortear, y ojalá superar, el gobierno del presidente Humala: las explosiones desde su agrupación (caso Omar Chehade) y los conflictos socioambientales (hoy por hoy, Cajamarca, Huaraz y Andahuaylas). No hay sorpresa, pero es un llamado de alerta, ahora sí en serio, para recordar que al gobernar en el Perú no se navega en aguas tranquilas. Hasta hace unos días, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, era reconocido como un dirigente radical; pero no esgrimía una negativa cerrada y absoluta ante la minería. La movilización reciente es una señal de que los presidentes regionales quieren voz y voto en las decisiones sobre minería y estudios de impacto ambiental. Hace poco, el presidente regional de Tacna, Tito Chocano, lideró también una protesta contra la Southern; y el presidente de la región Arequipa, Juan Manuel Guillén, presentó un proyecto de ley ante el Congreso para que se recoja la opinión de las autoridades regionales cuando se trate de evaluar estudios de impacto ambiental. El gravamen minero vino de la mano con un compromiso implícito de apoyo del Gobierno a los grandes proyectos en la minería; y la ley de consulta previa, con un claro gesto a favor de las poblaciones. Ahora, el Gobierno tendrá que actuar con celeridad otorgándole mayor peso al Ministerio del Ambiente, precisando las reglas sobre el uso territorial y otorgándole todo el poder del caso a la Autoridad Nacional del Agua, hoy refundida en el Ministerio de Agricultura. El asunto clave –que se ha dejado de lado incluso en el reciente viaje de tres ministros a Cajamarca (que no hablaron con las autoridades regionales)– es que el Gobierno Central establezca una mejor relación con los gobiernos regionales, que signifique establecer espacios de negociación. Esto tiene que ver con recursos y competencias.