El vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas, volvió a la carga contra las ONG de derechos humanos, a las que acusó de exigir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indemnicen a los familiares de los emerretistas muertos en la Operación Chavín de Huántar, efectuada el 22 de abril de 1997. “Aquellos que lucran con el ataque a las Fuerzas Armadas lucran basándose en la acusación maligna”, manifestó en la Base Aérea Las Palmas, donde se hizo presente para rendir homenaje a los caídos en el rescate a los rehenes de la residencia del entonces embajador del Japón en el Perú. Las declaraciones de Giampietri fueron respondidas por el responsable del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera. El letrado aclaró que “lo que los familiares han denunciado ante la Corte Interamericana no es la operación, sino las ejecuciones extrajudiciales”. “Dado que están demostradas las ejecuciones, tiene que ser la justicia peruana la que determine quiénes son los responsables. Me parece bastante aventurado y subjetivo, de parte de Giampietri, afirmar que el Estado ya tiene que pagar, si todavía no hay sentencia. La corte no ha realizado aún ninguna audiencia”, señaló Rivera.