La estrategia de defensa que sigue Alberto Fujimori dio un giro en la audiencia de ayer cuando su abogado, César Nakazaki, cuestionó la veracidad y legitimidad de decenas de documentos, incautados en 2003 de la Comandancia General del Ejército, con información sobre la constitución del destacamento Colina y la entrega oficial de armas y pertrechos a sus miembros. Esas decenas de oficios, memorándums e informes oficiales fueron incautados por la entonces jueza anticorrupción Victoria Sánchez Espinoza en una diligencia que contó con la aprobación del alto mando militar y en la que participaron varios representantes del Ministerio Público, quienes acreditaron la legalidad del acto. A pesar de ello, Fujimori, a través de su abogado, pretende invalidar estas pruebas, las que acreditan que Colina fue creado dentro del Ejército con personal en actividad, que se le dio una partida especial de gastos y que se le prestó infraestructura del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), así como armas de guerra y pertrechos. Los cuestionamientos que expuso Nakazaki fueron dos: primero, que estos documentos fueron obtenidos manteniendo en secreto la diligencia, sin contar con la presencia de los abogados de los inculpados; y, segundo, que los mismos fueron incautados en el marco de un juicio distinto al que se le sigue al ex presidente. “Yo puedo creer en la buena fe de la jueza, pero eso no es suficiente para acreditar la veracidad de esos documentos”, señaló durante la audiencia realizada en la sede de la Diroes. LA FISCALÍA RESPONDE. Tras escuchar los argumentos de Nakazaki, el fiscal Avelino Guillén recordó que este nunca antes cuestionó esa documentación pese a que la conoce desde mucho antes de defender a Fujimori. El fiscal aludió así al hecho de que el letrado tuvo acceso a estas pruebas hace más de cuatro años, cuando fue abogado de Nicolás Hermoza Ríos. De otro lado, Guillén dijo que, para la Fiscalía, todos esos textos prueban que Colina era un destacamento oficial, que respondía a una línea jerárquica y que ejecutó la estrategia de guerra sucia del gobierno de Fujimori.