Álvaro Vargas Llosa, desde los Estados Unidos, hace un análisis del histórico juicio a Alberto Fujimori. ¿El resultado del juicio a Alberto Fujimori es el que usted esperaba? Normalmente soy bastante escéptico con respecto al Poder Judicial de nuestro país. Sin embargo, para sorpresa de mucha gente, incluida la mía, la forma como se ha conducido este proceso ha sido realmente ejemplar. Algunos consideran que los 25 años de prisión están bien puestos; otros, que son excesivos. ¿Qué piensa usted? Mire, en cierta forma, es una condena benigna para los crímenes (lesa humanidad) que se estaban juzgando. Hay países donde se habría exigido una condena mayor. En el concierto de naciones del mundo, los códigos peruanos favorecen el caso de alguien como Fujimori, porque hubiese podido tener peor suerte en otro país. ¿Qué le falló a la defensa de Fujimori que no logró atenuar la condena? Para ser justos, hay que decir que las pruebas eran muy contundentes. Desde el momento en que Fujimori decide una nueva estrategia y decide que eso pasara por fortalecer el SIN, que se colocara a la cabeza a una persona clandestinamente nombrada, que se organizara un escuadrón de la muerte, todo eso era muy difícil de refutar; pero una defensa más inteligente habría entendido que no se podía negar la relación directísima entre Fujimori y Montesinos, y habría tenido que mostrar algún tipo de arrepentimiento. ¿Esto puede sentar un precedente para juzgar, por ejemplo, a Alan García por los casos Cayara o Accomarca? Yo no creo que sean casos comparables. Creo que hay una responsabilidad política en los casos de los gobiernos democráticos, porque ellos delegaron en los comandos políticos militares la conducción de una lucha que debió ser dirigida por la autoridad civil, pero no tuvo como objetivo asesinar selectivamente a sospechosos de terrorismo. Ahí hay una negligencia más de tipo político, pero aquí lo que se estaba juzgando eran dos casos vinculados a un escuadrón de la muerte montado desde el poder. El hecho de que el tribunal haya señalado que las víctimas de Barrios Altos y de La Cantuta no eran terroristas ha generado polémica... El Gobierno nunca pudo demostrar que se trataba de terroristas, y todos los que investigaron los casos de La Cantuta y Barrios Altos llegaron a la conclusión de que no eran terroristas. En algunos casos eran activistas políticos, radicales de izquierda y, en otros casos, habían participado en actividades políticas de la universidad, pero no había nada que los vinculara orgánicamente con Sendero. Pero eso no estaba en cuestión. Quizás el juez ha sentido que era importante juzgar no solo el hecho de que se habían cometido esos asesinatos, sino que la justificación que daba la defensa, de que el Perú estaba en guerra y que había una campaña terrorista para destruir la vida civilizada del país, no tenía sentido en la medida en que el Gobierno nunca probó que esas víctimas eran terroristas.