Entre el debate sobre si al condenado Alberto Fujimori le corresponden o no beneficios penitenciarios y cuáles serían estos, algo ha quedado claro: sean los años que fueran, el ex mandatario permanecerá tras las rejas, estos los cumplirá en el penal de Barbadillo, ubicado en la sede de la Diroes, en Ate-Vitarte. Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informaron a este diario que está descartado el traslado del ex gobernante a otro centro de reclusión del país. Esto, se informó, por dos motivos: seguridad y la proximidad de los juicios orales que deberá seguir afrontando. EXCLUSIVIDAD. Aunque hay quienes han planteado que, tras la sentencia de 25 años que recibió por delitos de Estado y de lesa humanidad, el ex mandatario debería ser trasladado a un penal de alta seguridad, el peligro permanente en las cárceles nacionales, producto del hacinamiento imperante, hace imposible acoger esta propuesta. “El penal de Barbadillo fue construido para ser ocupado exclusivamente por el ex presidente. Él es y será el único habitante de ese penal. No será trasladado a ningún otro porque también es tarea del INPE velar por la seguridad del interno y, en este caso, tratándose de un ex jefe de Estado, no se puede poner en riesgo su integridad”, refirió la fuente. El penal de Barbadillo fue acondicionado en noviembre de 2007, cuando Chile aprobó la extradición de Fujimori para fines de juzgamiento. Colindante al área de reclusión se encuentra la sede judicial de Diroes, que también se ha designado para ser de uso exclusivo de la Sala Penal Especial que juzgó al ex mandatario por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y que tiene en sus manos los otros cinco procesos que esperan para ser enjuiciado. APELACIÓN. En tanto, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, informó que el recurso de nulidad a la condena del ex presidente será presentado el jueves 23 de abril. “Nos tomaremos los 10 días laborales que dice la ley, que entiendo se vencen el jueves 23”, recalcó. Indicó que Alberto Fujimori ya aprobó la estrategia de defensa planteada para afrontar el próximo juicio oral por el pago de la CTS (US$15 millones) a Vladimiro Montesinos.