“La acción de los integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha concluido. Hemos cumplido con nuestro deber”. Estas fueron las palabras con las que el vocal César San Martín puso punto final al trabajo que desde hace dos años desempeñó junto con sus colegas Hugo Príncipe y Víctor Prado al frente del juzgamiento a Alberto Fujimori, del cual han resultado cuatro sentencias contra el ex mandatario. Precisamente la última de ellas se leyó ayer en la sala de audiencias de la Diroes y condenó a Alberto Kenya Fujimori a seis años de prisión y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por dos años. Esto, tras declararlo culpable de los delitos de peculado, cohecho activo y escucha telefónica por los casos 'Congresistas tránsfugas’, 'Compra de Cable Canal de Noticias’ e 'Interceptación telefónica’. El dictamen, emitido por unanimidad, establece, además, que Fujimori deberá pagar al Estado S/.24’060,217 como reparación civil y entregar a cada una de las 28 víctimas de la interceptación telefónica S/.107,142, lo que hace un total de S/.3 millones. ESTÁ PROBADO. Si bien Fujimori se allanó a la acusación fiscal y aceptó los cargos en su contra para evitar el desfile de los 155 testigos y el escrutinio de los actos de corrupción que cometió durante su gobierno, no pudo evitar que se expusieran las ilegalidades que cometió en “evidente abuso del poder”, como señala el fallo. De esta forma, quedó establecido que “Fujimori dispuso de cuantiosas sumas de dinero provenientes de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)”, con las cuales ordenó la compra de los equipos de interceptación telefónica y el alquiler de los locales desde donde se 'chuponearon’ las llamadas de los personajes opositores a su régimen. Esto sin descontar que en el mismo Palacio de Gobierno se instaló un centro de escucha al que se llamó 'Casa Blanca’. Fue también con dinero del Erario Nacional que el ex presidente le ordenó a su ex asesor Montesinos que comprara el pase de los congresistas electos de oposición a las filas fujimoristas, con la intención de asegurar su “ilegal tercera reelección”. Asimismo, con el mismo objetivo, Fujimori le ordenó a Montesinos comprar la mayoría de las acciones de Cable Canal de Noticias y la línea editorial del diario Expreso, operación que también pagó con dinero del Estado. DISCREPANCIAS. Y si bien la Fiscalía solicitó ocho años de prisión para Fujimori, el tribunal tomó en cuenta el hecho de que este había aceptado su responsabilidad y decidió disminuir la pena a seis años, los que cumplirá en febrero de 2013. El sentenciado ex mandatario solo habló para anunciar que interpondrá un recurso de nulidad del fallo. La misma actitud tuvo el fiscal supremo José Peláez, quien espera que la Corte Suprema le aumente la condena al ex presidente.