Pese a la abstención de los integrantes de la bancada aprista, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por mayoría, un proyecto de ley para permitirle al Sistema Nacional de Control el “acceso irrestricto” de toda la documentación que obra en poder de las instituciones públicas referida a los convenios de encargo suscritos con organismos internacionales, como la OEI y la OIM. En la práctica, la norma –pendiente de aprobación por el Pleno– pondrá fin a la falta de transparencia de algunas entidades que, como el gobierno regional de Áncash o la Municipalidad de Lima, se han negado a dar información sobre la compra de ambulancias o los gastos en la construcción del Corredor Metropolitano amparándose en la inmunidad de los órganos internacionales a los que encargaron la ejecución de las obras. En un intento de bloquear la propuesta –planteada originalmente por la Contraloría–, el congresista Mauricio Mulder alegó que la norma violaría varios tratados internacionales que cobijan legalmente estos convenios. Fue por eso que se dispuso que sean los entes públicos los que entreguen la información requerida.