Aunque el dirigente indígena Alberto Pizango requiere de un salvoconducto para llegar a Nicaragua con protección diplomática, el Gobierno peruano todavía no ha tramitado la entrega de dicho documento debido a que el Ministerio Público ha solicitado interrogarlo sobre los sangrientos sucesos en Bagua, que el pasado 5 de junio cobraron la vida de 24 policías y de nueve nativos. Fuentes consultadas por Perú.21 indicaron que la Cancillería peruana ha trasladado el pedido de la Fiscalía a la Embajada de Nicaragua, y están a la espera de que esta conteste si autoriza o no que el ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) responda el pliego indagatorio. Cuando esto se aclare –señalaron–, procederán con el trámite correspondiente. De otro lado, el embajador de Bolivia en Lima, Franz Solano, negó que su país hubiese rechazado el pedido de asilo del profesor de la etnia ashuar y, en declaraciones a la Red Erbol, sostuvo que dichas afirmaciones son “intrigas” que solo buscan hacer quedar mal a su gobierno. “Oficialmente no se ha presentado ninguna petición de asilo a la embajada solicitada por el señor Pizango”, respondió el diplomático. No obstante, fuentes de este diario confirmaron que las autoridades del país altiplánico –ante una consulta informal que planteó un emisario del dirigente indígena– sí rechazaron la posibilidad de concederle este beneficio con el argumento de que no querían deteriorar más las relaciones con el Perú. PERÚ ACEPTA. Por la mañana, el presidente Alan García reprochó “la forma criminal como se empujó a la muerte y a la violencia a las personas” en Bagua, pero aclaró que respeta y acepta la decisión adoptada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. “Si Nicaragua considera que el señor Pizango merece el asilo porque no tiene las condiciones de un juicio justo, pues, hay que reconocerlo aunque no le guste a uno o a otro”, replicó no sin antes recordar que hubo otros tres países (Francia, EE.UU. y Bolivia) que le denegaron el pedido porque consideran que en el Perú sí existen las condiciones jurídicas adecuadas. Sobre este caso, la presidenta del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, afirmó que el ex presidente de Aidesep –quien tiene una denuncia penal por rebelión, sedición y motín– no es ningún perseguido político y que hubiera preferido que este se quedara en el país y que ejerciera el liderazgo que un sector de indígenas le reconoce.