Mientras los miembros del grupo Colina están desplegando toda su artillería legal para intentar beneficiarse con la reciente norma dictada por el Gobierno, el fiscal supremo Pablo Sánchez aclaró que el Decreto Legislativo 1097 no puede ser aplicado a los integrantes de esa organización criminal. Para el magistrado, quien está a cargo del despacho de la Fiscalía de la Nación, el proceso –por las matanzas de Barrios Altos y El Santa y el asesinato de Pedro Yauli– no puede ser sobreseído (archivado) porque ya se encuentra en la etapa de juicio oral, y no en la de investigación. No obstante, advirtió que el mencionado dispositivo “quiebra el principio de igualdad” y favorece claramente a los militares y policías. Por ello, anunció que el Ministerio Público evalúa presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. “Preocupa porque se está introduciendo una norma que prácticamente va a archivar todos los procesos que están en fase de investigación”, alertó en Ideeleradio. PIDEN SU LIBERTAD. Ayer, tal como se había advertido, durante la audiencia en la base naval del Callao, 21 miembros del destacamento Colina solicitaron a la Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima acogerse al Decreto Legislativo 1097. El tribunal correrá traslado de la solicitud a la Fiscalía antes de pronunciarse. El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), indicó que ese pedido fue formulado, entre otros, por el jefe operativo de la red homicida, Santiago Martin Rivas, así como por Carlos Pichilingue. DECRETO CUESTIONADO. La cuestionada norma otorga a los acusados por violación de los derechos humanos la posibilidad de que se archiven sus procesos si la investigación se prolongó por más de tres años o también les permite seguir sus juicios en libertad. La controversia radica en que, según Rivera, esos beneficios alcanzan no solo al grupo Colina sino al ex presidente Alberto Fujimori y al ex asesor Vladimiro Montesinos. Por su parte, consultado por Perú.21, Marcos Ibazeta, ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorista, sostuvo que la norma favorece a los militares procesados injustamente por largo tiempo, pero también podría beneficiar a aquellos que violaron los derechos humanos. Consideró que el decreto abre las puertas para que cualquier persona, civil o militar, acusada de un delito de lesa humanidad, cometido antes de noviembre de 2003, pueda argumentar que se trata de un delito común, librándose de la imprescriptibilidad y logrando que se archive su caso. “Da un marco de salida para los procesados. Eso implica que ya no hay más que investigar. (...). Se está dictando un marco donde todo el mundo en esa circunstancia puede acceder. Buenos y malos”, expresó.